Es evidente que 8 municipios del norte del Cesar se han beneficiado de pertenecer al club de los PDET. En La Guajira, Fonseca, San Juan y Dibulla. Y que los recursos representan, más las inversiones normales y de regalías que se hacían, una bonanza de inversión con la ventaja de que se ubican en olvidados territorios.

Es la bonanza de la paz, que viene trayendo resultados tangibles. Gracias a la gestión municipal y de comunidades que identificaron esas iniciativas, que luego se tradujeron en proyectos estructurados o gestiones eficaces. El proceso ha venido avanzando. Ese nivel de participación y entusiasmo inicial de estirpe popular no puede perderse, dentro del ciclo de los proyectos, en una fase crucial y critica como la de la contratación y ejecución física de las obras.

La zona del Cesar ha movilizado mas de $700.000 millones (de mas de un billón de pesos) en unos 140 proyectos, de varias fuentes, básicamente de las regalías especiales del OCAD- Paz. Y el pico del volumen de las aprobaciones de proyectos se han dado en el presente semestre, a raíz del anticipo correspondiente a siguientes años de ese rubro, con ocasión de la reforma del régimen de regalías.

Así, del orden de dos billones de pesos se destinaron pronto a proyectos que venían siendo estructurados, con la debida metodología técnica. Nuestra sub-región, Sierra Nevada-Perijá, entonces halló una oportunidad al obtener las aprobaciones.

“Hoy podemos decir que municipios como Pueblo Bello sobrepasan los $120.000 millones en inversión en 20 proyectos. Así mismo, municipios como Agustín Codazzi, que tiene 19 proyectos por $108.000 millones. Es importante destacar la labor de Becerril buscando fuentes movilizadas con $90.000 millones. De igual manera, Valledupar, la capital del Cesar, ha logrado movilizar 28 proyectos por más de $100.000 millones”, dijo en entrevista a este diario el pasado sábado el director de Programación y Gestión de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, Carlos Eduardo Campo. Muestra fehaciente, pero por supuesto también los otros municipios como La Paz, Manaure, San Diego, La Jagua están por esos guarismos.

Son principalmente vías, cruciales para la vida y la producción rural. EL PILÓN va al grano: deben contratarse bajo la modalidad legal y transparente del ‘pliego tipo’, en sustitución de los conocidos ‘pliegos sastre’ porque se hacían a la medida del contratista previamente designado por la entidad pública contratante, en este caso las alcaldías.

El presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martin Caicedo Ferrer, hizo el lunes en El Tiempo un llamado, un S.O.S a la procuradora General para que previniera los esguinces y artimañas de fraudes a los nuevos pliegos.

“No permita, por el bien del país, que el barco de las buenas prácticas y de la transparencia termine encallado o, lo que sería peor aún, hundido en las aguas más profundas de la corrupción”. No podemos naufragar entre coimas y contrataciones amañadas, sin honestas veedurías. Firmamos ese llamado y nos preguntamos dónde estará la Procuraduría regional.