En los últimos días se han tomado dos decisiones por parte del Gobierno Nacional que auguran mejores tiempos para los resignados usuarios del servicio de energía eléctrica que presta Electricaribe con graves deficiencias. Con ellas se vislumbra la solución definitiva de la pesadilla en que se ha convertido esta empresa para sus 2.6 millones de usuarios.

En primer lugar, el pasado 21 de los corrientes la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público emitió concepto favorable para otorgarle garantía soberana de la Nación para que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos disponga de $735.000 millones, que serán invertidos en infraestructura de redes y recuperación de pérdidas que acusan un rezago histórico imperdonable.

Y el día de ayer, en el marco de una reunión propiciada y protagonizada por la bancada parlamentaria del Caribe y los siete gobernadores de la región, se obtuvo del Presidente Iván Duque el compromiso por parte de la Nación de asumir el pasivo pensional de Electricaribe, que es del orden de los $1.2 billones. De esta manera, se mejora el perfil financiero de la empresa y la hace más atractiva a aquellas que puedan estar interesadas en operar la red eléctrica del Caribe, al tiempo que la torna más viable y sostenible. Estos dos pasos que se han dado van en la dirección correcta y vislumbran, por fin, la luz al final del túnel. Esta determinación por parte del ejecutivo se justifica plenamente, ya que la problemática de Electricaribe compromete la estabilidad de todo el Sistema Interconectado Nacional, ya que entraña un riesgo sistémico.

En su intervención el Presidente Duque habló de “redireccionar” el proceso de búsqueda del nuevo operador, contemplando la posibilidad de “segmentar en dos o más mercados” la región Caribe, alternativa esta frente a la cual tenemos nuestras reservas sobre su conveniencia. Ese fue el esquema inicial cuando se privatizó la distribución de la energía en la región y la asumieron dos empresas, Electricaribe y Electrocosta. Ese ensayo fracasó y terminaron fusionándose. Cualquiera que sea la decisión estará condicionada por el desenlace de la demanda de Gas Natural Fenosa contra el Estado colombiano.

Mientras se concretan estos anuncios, particularmente lo relativo al pensional, que le espera su trámite en el Congreso de la República, ojalá en el Plan Nacional de Desarrollo, no se debe dejar de atender el atraso en la ejecución de los proyectos de transmisión de energía.

Amylkar D. Acosta M1