Por lo que alcanzo a recordar, considero que, a gran parte de la ciudadanía colombiana, las campañas políticas electorales la abruman en demasía; para colmo, el proselitismo político, cada vez genera mayor polarización ciudadana y, en esta ocasión, indiscutiblemente, el proselitismo en la campaña electoral presidencial ha sido desmedido, sin parangón en mi recordación. 

Históricamente, tal situación es remota, además viejos amigos migrantes del departamento de Santander del Norte me han contado que llegaron a Valledupar, debido al desplazamiento forzado causado por la ‘Chulavita’, fuerzas armadas paramilitares organizadas por líderes del otrora partido conservador, para eliminar a los liberales abiertamente opositores a sus regímenes. 

Estos paramilitares, aparentemente, fueron erradicados con el pacto político denominado Frente Nacional, entre los partidos Conservador y Liberal, con el propósito de derrocar al general Gustavo Rojas Pinilla, quien, en 1953, a través de golpe de estado se convirtió en dictador. Dicho armisticio inició el 7 de agosto de 1958 con el presidente liberal, Alberto Lleras Camargo y se extendió hasta 1978 con Alfonso López Michelsen también del Partido Liberal.

En el lapso del Frente Nacional surgieron varias facciones rebeldes armadas, conocidas como guerrilleras, entre las cuales las más importantes fueron Las Farc-EP, ELN y el M-19, que actuaban como paraestado. 

Los carteles de narcóticos, el de Cali y Medellín, aparecieron en el periodo presidencial de Alfonso López Michelsen. Posteriormente, en el periodo presidencial de Cesar Gaviria Trujillo, legalmente se crearon los grupos armados llamados Convivir, que se transformaron en Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para combatir a los grupos guerrilleros que tenían azotada a toda Colombia y sus fronteras.

En realidad, las AUC eran paramilitares, a la vez apoyadas por políticos tradicionales o de derecha, poderosos ganaderos y empresarios, banqueros, narcotraficantes, esmeralderos, contrabandistas, contratistas, entre otros. Quienes declararon enemigos a todos los que se opusieran a sus fines, a cuatreros (abigeatos), pero el verdadero objetivo es mantener el poder político y acumular riquezas provenientes del Estado con el beneplácito de los altos funcionarios. 

Estos nuevos paramilitares, también, figuradamente, depusieron las armas entre 2003 y 2006, periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez.

Lo más grave de todas esas anomalías es que los narcotraficantes han sobornado a funcionarios de todos los rangos en casi todas las instancias gubernamentales de nuestro país, con la complicidad de los políticos arribistas, y a todos aquellos que se oponen denunciando tan oprobiosa circunstancia, los integrantes de las mafias de narcotráfico los declaran sus enemigos, con amenazas de que si no se silencian los asesinan o los escarmientan eliminando a alguno de sus familiares más queridos. Y lo peor es que muchos de tales casos conminatorios los han convertidos en realidad. Y como al mismo tiempo, los narcotraficantes también permearon a todas las facciones guerrilleras, entonces han quedado como los jefes absolutos de la criminalidad colombiana.

En conclusión, podríamos decir que en Colombia se ha corrompido la sal o que a algunas ratas las han puesto algunos mafiosos a cuidar el queso. Esto se evidenció cuando se denunció que el cartel de Cali aportó gran suma de dinero para financiar la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano, el famoso proceso ocho mil. Antes ya se había visto con Pablo Escobar Gaviria, el fundador y máximo jefe del cartel de Medellín, y fue   congresista, Cámara de Representantes en 1982, con el aval de Alberto Rafael Santofimio Botero, quien fue miembro prominente del partido liberal colombiano, senador, ministro de Justicia y dos veces candidato presidencial.

Para mí, la solución de la descomposición de Colombia es la reconciliación entre todas sus esferas políticas y la sociedad. Una reconciliación sincera, íntegra, justa y racional: la paz es la clave con mayor opción.