Nuevamente, sectores políticos del departamento del Cesar programaron un evento para hablar sobre la crítica situación del Hospital Rosario Pumarejo de López, HRPL, y el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar, Idreec.

Dos centros de salud fundamentales en la prestación del servicio en Valledupar y municipios aledaños, pero que las malas administraciones y la corrupción desdeñaron hasta hacer casi inviables.

Los encargados de la Audiencia Pública realizada este lunes fueron los diputados del Centro Democrático, Claudia Margarita Zuleta y Quintín Quintero, y los congresistas Christian José Moreno, del Partido de La U,  y Antonio Sanguino, del Verde. Un protagonismo multicolor y por encima de rivalidades partidistas, lo cual es un ejemplar acuerdo en función del bien común. Allí alzaron la voz los trabajadores también, aprovechando la tribuna para hacer denuncias que son de conocimiento público.

Denunció sin temor una trabajadora lo que podría llamarse una extorsión dentro del centro de salud: “Es conocido el cobro de cuotas porcentuales para mantener contratos de orden de prestación de servicios. Existe el temor a ser vetados por alzar la voz, lo que obligaría a emigrar a otros departamentos”. Son detalles dignos de un escándalo y que requieren la investigación de los entes encargados.

Ambos centros de salud requieren una solución urgente. El Idreec está casi liquidado, por eso la propuesta ronda en ese sentido, cambiando su personería jurídica y cancelando el pago atrasado a sus trabajadores. Idea que nació en el encuentro entre el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, el superintendente de Salud, Fabio Aristizabal, y el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso.

Pero esta idea no gusta mucho al senador Antonio Sanguino, quien considera que favorecería exclusivamente al sector privado, en detrimento de lo público.

La situación del Rosario Pumarejo no es diferente. Durante el 2020, la ESE estableció compromisos por valor de $98.477 millones, de los cuales pagó $59.231 millones, arrojando cuentas por pagar de $39.246 millones.

Parte de ese déficit surge de los ingresos totales presupuestados, totalmente lejos de lo recaudado. En el 2020, los ingresos totales presupuestados fueron $118.719 millones, mientras que solo se recaudaron $66.886 millones. ¡Casi la mitad!

¿Opciones? La intervención sigue sobre la mesa, pero ya no es la más opcionada. En cambio, sí el ingreso a la ley de reestructuración de pasivos. “No tenemos muchas alternativas ni opciones, lo que hemos planteado es poner el hospital en un plan de reestructuración de pasivos. Lo que hará la Superintendencia Nacional de Salud, una vez llegue la solicitud por parte del ente territorial, es nombrar un promotor que haga todo ese análisis de los pasivos que tenga el hospital y los acuerdos de pago”, reconoció el superintendente días atrás.

Ojalá se elija la mejor opción, pero pronto. Y todos a una en defensa de la salud.