Colombia está siendo conducida, deliberadamente, a un escenario de confrontación, debilitamiento institucional y caos social. El presidente Gustavo Petro no gobierna: confronta, divide, instrumentaliza el poder del Estado y legitima la violencia. Todo en nombre de una supuesta paz, que en realidad es la ruta hacia la descomposición del orden democrático.
Al menos 27 policías y militares han muerto violentamente en las últimas semanas en todo el país. En el Catatumbo, más de 60.000 campesinos han tenido que abandonar sus hogares. Los cultivos ilícitos superan las 300.000 hectáreas, una cifra sin precedentes. La frontera con Venezuela es hoy un corredor binacional del crimen. Las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales actúan con impunidad, ganando poder, armamento y territorio.
Lejos de enfrentar esta amenaza, el Gobierno Petro ha optado por desarmar al Estado y justificar a los violentos. Con medidas como las dispuestas en el decreto 0448 de 2025, ha paralizado operaciones militares, ha entregado territorios bajo ceses al fuego unilaterales, ha desmantelado las capacidades de la Fuerza Pública, ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones públicas y ha atacado de forma sistemática a las instituciones democráticas.
