A juzgar por los datos del Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, del DANE, relacionados con el campo, estos para el año 2025 mostraron una reducción nacional, cayendo al 9,9 %, mientras en el Cesar la pobreza creció hasta alcanzar un 14,8 %, porcentaje que debe analizarse de cara a la implementación de la reforma agraria en este departamento y también la acción del gobierno territorial: alcaldías y, en especial, la Gobernación dotada de billonarios, regalías y créditos.
La Agencia Nacional de Tierras, ANT, ha venido informando que en el Cesar se han entregado cerca de 40 mil hectáreas de tierras a un gran número de familias campesinas y eso hace pensar que las cosas comenzaron a cambiar para el campesino de esta región.
Pero ese inicio de cambio de vida de muchos trabajadores del campo es lento frente a la realidad que se vive en las zonas rurales del Cesar, donde la pobreza aumentó y pasó del 21,3 % al 29,6 %, es decir, uno de cada tres campesinos cesarenses vive sin las mínimas condiciones de calidad de vida.
Según el IPM, el diagnóstico del campo del Cesar es crítico porque hay carencias estructurales en educación, salud, trabajo, niñez y servicios públicos. Todo ello redunda en un bajo nivel educativo y en la informalidad laboral reinante en las zonas rurales. El analfabetismo está cerca del 20 % de esa población.
Consideramos que la situación en el Cesar debe obligar a que el Gobierno nacional, a través de la ANT y demás instancias gubernamentales (ADR, Banco Agrario, Agrosavia, SENA, etc, le haga ajustes al programa de entrega de tierras -y los complementos de infraestructura en centros poblados rurales- y tenga en cuenta todo lo revelado por el informe del IPM, el cual destaca que cerca del 25 % de los hogares rurales no cuenta con acceso a agua potable y un 17 % carece de sistemas de alcantarillado. A estas alturas eso es señal de retraso y abandono estatal que afecta de manera directa la salud y la capacidad de desarrollo de las comunidades del campo.
Se podría decir que el campo en el Cesar en estos momentos se encuentra entre la tierra prometida y la pobreza persistente en su territorio, lo cual contrasta con la transformación esperanzadora que ha venido pregonando la ANT, entidad que con cifras y testimonios de campesinos ha mostrado el éxito de sus programas de adjudicación de predios a familias campesinas de municipios como San Alberto, Aguachica, El Copey, entre otros.
Es cierto que hemos podido observar imágenes de hombres y mujeres recibiendo títulos, sonriendo, afirmando que por fin sienten que su vida comienza a cambiar. Sin embargo, cuando se contrasta ese relato con los datos del DANE la realidad del Cesar plantea una situación distinta e indica que este departamento avanza en dirección contraria, tal como lo reflejan los porcentajes de crecimiento de la pobreza.
Con sensatez, habría que darle un compás de espera a la reforma agraria para que con resultados concretos elimine esa contradicción que se evidencia en estos momentos, en el sentido de que, en medio de una política de acceso a la tierra, que se presenta como exitosa, aumente la pobreza.
El Gobierno nacional debe entender que la entrega de tierra, por sí sola, no transforma realidades, esta podría ser el punto de partida, pero no el punto de llegada como en la actualidad se está observando en el Cesar rural.
La entrega de predios debe ir de la mano con inversión en educación rural, asistencia técnica, acceso a crédito, infraestructura, comercialización y servicios básicos en los corregimientos y veredas del territorio cesarense.
Ahora, debe evaluarse el impacto de los gobiernos locales y de la gobernación y del plan de vías veredales, que no estaría produciendo el impacto deseado. O apenas está en ciernes de ejecuciones físicas. Además de que los proyectos rurales de producción -y esperada productividad- son de muy poco alcance. Menos de una cuarta parte de los cesarenses vive en zona rural, están dispersos, su votación es marginal, es más costoso el servicio estatal por habitante, y el gobierno departamental tiene más motivaciones para grandes contratos viales en zonas urbanas de mucho dinero, poca calidad y servicio a medias.
