Tras conocerse el desenlace de la sesión del Consejo Superior Universitario, CSU, de la Universidad Popular del Cesar, UPC, desarrollada este jueves 6 de noviembre, para tratar el tema de la nueva sede en el municipio de La Jagua de Ibirico, la sensación que queda en el ambiente no es la mejor, porque esta fracasó debido a la recusación que el docente Eduardo García hizo a ocho de los consejeros argumentando posibles conflictos de intereses.
La sesión era considerada de suma importancia porque su objetivo era resolver todas las dudas existentes en torno a la construcción de una sede de la UPC en ese municipio, máxime cuando el 8 de noviembre se vencía el plazo para que el CSU aprobara esa iniciativa y se garantizara la inversión de $14.000 millones asignados por el Gobierno nacional para su primera fase. “De lo contrario, los recursos podrán ser destinados a otros proyectos de infraestructura educativa”, tal como informó EL PILÓN.
Al fracasar esa sesión el proyecto quedó en veremos y de paso deja muchas frustraciones y preguntas. ¿Por qué se esperó hasta último momento para viabilizar el proyecto? ¿Por qué se mezcla un tema institucional y de oportunidad de inversión en la región con el proceso de elección del rector? ¿Quiénes están hablando con la verdad? ¿Cuáles son los verdaderos intereses de algunos consejeros? ¿Acaso los consejeros que cuestionan el proyecto saben algo oculto del rector y sus aliados y que la comunidad no sabe?
No se logra entender cuál es el verdadero meollo del asunto entre los directivos de la UPC. Los recusados son Carlos Morón, representante de los exrectores; Juan Nacimiento, por los estudiantes; José Carlos Pérez Yanci, de los egresados; Joaquín Manjarrez, de los gremios; Guillermo Echavarría, de los docentes; Armando Luis Cotes, de las directivas académicas; Xavier Estrada, delegado del Ministerio de Educación y el rector Rober Romero.
Lo que está ocurriendo en la UPC deja al descubierto, una vez más, las nocivas tensiones internas. Se está echando de menos la disposición del Gobierno Nacional de invertir más de 14 mil millones de pesos para esa obra. Si bien las dudas, de algunos de los miembros del CSU, son válidas, tampoco es menos cierto que, debido a su magnitud, esta no podía truncarse por diferencias internas. Allí faltó mayor grado de ponderación y sensatez entre las partes para superar los desacuerdos.
No hubo un liderazgo superior con actitud determinante para provocar puntos de encuentro. Por ejemplo, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, debió apersonarse del tema y resulta que ni siquiera asistió a esa sesión trascendental en la que se decidía el futuro de ese importante proyecto. “Su presencia era esperada y necesaria, más aún cuando ese mismo día participó en un acto educativo en San Diego, donde reconoció que solo el 49 % de los bachilleres acceden a la universidad”, dijo al respecto el delegado del Mineducación.
No se puede desconocer que la discusión es legítima en el plano del control institucional, pero esta no puede llegar al extremo de convertirse en un obstáculo. La presencia de una sede universitaria en La Jagua podría significar una transformación social y económica para el centro minero del departamento. Y aunque se esté en un periodo de cierta veda contractual por la ley de garantías, se puede aún avanzar si hay voluntad de llegar a acuerdos, porque las llaves no cayeron al fondo del mar.
Somos partidarios de que cualquier inversión pública debe hacerse con total transparencia. Y es valerosa la actitud también de consejeros a los que no se les pueden poner en la picota pública si actúan con argumentos.
Hay que informarse en detalle, con documentos y estudios detallados a la mano, en medio de una discusión, no de montoneras sino con detalles técnicos, porque lecciones sí quedan.
