A los miles de problemas que afrontan los usuarios del sistema de salud del país, ahora se les suma una dificultad adicional con la firma del Decreto 0182 de 2026 del Ministerio de Salud, mediante el cual se redistribuirán los afiliados entre diferentes EPS.
Sin duda que ese remezón al sistema de salud tendrá efectos directos en los territorios. Y en ciudades intermedias como Valledupar y en todo el departamento del Cesar, donde la red pública hospitalaria ya opera bajo presión y las quejas por demoras en citas, autorizaciones y entrega de medicamentos son frecuentes, el impacto puede ser aún mayor.
El decreto ordena la redistribución de más de 6,5 millones de afiliados entre EPS, consolidando a Nueva EPS como la mayor aseguradora del país, con más de 14 millones de usuarios. Preocupa que esa entidad arrastra cuestionamientos financieros y operativos que han sido advertidos por la Contraloría General de la República, que habló incluso de “inviabilidad estructural”.
Aterrizando el tema al Cesar, buena parte de la población depende del régimen subsidiado y de la red pública, encabezada por el Hospital Rosario Pumarejo de López y una red de hospitales municipales que enfrentan limitaciones presupuestales y de talento humano. Si miles de usuarios son trasladados a EPS intervenidas, como ocurrirá en varias regiones del país, es posible que se desborde la capacidad instalada local y, por lo ya visto, se pone en duda si estas resistirán el aumento en la demanda de usuarios.
Todo indica que vendrán mayores dificultades al momento de tramitarse las autorizaciones de servicios médicos, más demoras en asignación de citas con especialistas, problemas en la entrega de medicamentos de alto costo, entre otros aspectos que ameritan que las autoridades competentes le hagan seguimiento para garantizar atención oportuna.
Se sabe que a Valledupar, como capital del departamento del Cesar, llegan muchos pacientes de municipios distantes como Aguachica, Bosconia o Codazzi, incluso de otros departamentos como La Guajira y Magdalena, para recibir atención especializada, ante eso, cualquier retraso adicional puede traducirse en mayores gastos de bolsillo y riesgos para la salud de esos afiliados.
Toda esa serie de dificultades hacen pensar que la concentración de afiliados en EPS intervenidas, en lugar de convertirse en una solución, se constituye en un riesgo, dando al traste con la buena intención de la intervención estatal que, en teoría, lo que busca es corregir fallas. Tal propósito no se ha visto en la práctica, no se ha percibido una mejora en la prestación del servicio médico.
Para nadie es un secreto que la red hospitalaria del Cesar ya enfrenta una cartera morosa de EPS y retrasos en pagos, y para colmo de males, ahora enfrentará una mayor concentración de usuarios en aseguradoras con dificultades financieras. Eso podría agravar el flujo de recursos hacia clínicas y hospitales locales. Y sin flujo de recursos oportuno, no hay servicio oportuno. A eso se expone el sistema de salud en nuestra región.
Bueno sería que el decreto lograra cumplir con uno de sus objetivos que es el de fortalecer la atención en hospitales del Estado, eso está en el papel y podría representar una oportunidad para la red pública del Cesar, históricamente con problemas financieros. Pero esa oportunidad solo se concretará si los recursos llegan a tiempo y si se refuerza la infraestructura, el personal médico y la capacidad de atención en los municipios, en especial en los más distantes de Valledupar. A eso deben apuntarles las autoridades comprometidas con el tema tanto del ámbito local, como departamental y nacional.
