El caso de Angélica Bello, defensora de Derechos Humanos que fue hallada muerta en su residencia en el municipio de Codazzi el pasado 16 de febrero, ha tenido un amplio despliegue nacional por los extraños hechos que rodean su muerte, pero también por la ineficiencia e ineficacia con que atienden a una mujer que ha sido víctima abuso sexual, de violencia, amenazada y desplazada (http://elpilon.com.co/iniciono-descartan-homicidio-en-caso-de-defensora-de-derechos-humanos/).
La historia de esta líder que había pasado mil batallas y que vino a refugiarse al municipio de Codazzi, puede ser la historia repetida de las miles de mujeres que han sido víctimas del abuso sexual en el marco del conflicto armado o de la violencia intrafamiliar. Angélica Bello tenía medida de protección, coordinada desde la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior y Justicia, y aún así murió trágicamente -la Corte Constitucional pidió un informe detallado de los hechos, pues no quedó satisfecha con la investigación preliminar entregada por las autoridades sobre el posible suicidio de Angélica-.
Si esto pasa con una mujer que ya tenía un reconocimiento nacional, que contaba con un esquema completo de seguridad, que quedará para las mujeres que no tienen siquiera acceso a la justicia porque no encuentran respaldo en las instituciones que deben protegerlas. Sólo para analizar las violencias de que son víctimas las mujeres en el Cesar, en Valledupar donde se concentra el mayor número de cesarenses, es necesario hacer un balance de la aplicación de la Ley 1257 de 2008, que determinó normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, y reformó los Códigos Penal y de Procedimiento Penal.
