Hagamos de verdad una planeación participativa

Los principales gremios del país afiliados al Consejo Gremial Nacional, que reúne a diecinueve de estas organizaciones, le han planteado al Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, un documento denominado: “Prosperidad, Agenda Empresarial 2010 – 2014”.
En el documento en mención, los empresarios plantean una serie de propuestas en materia de política económica y social, que van desde el tema tributario, estrategias de competitividad, promoción de la inversión extranjera directa, cambios en materia de salud y educación, hasta reformas institucionales a la rama judicial, entre muchos otros temas.
Sobre varias de estas propuestas, algunas de las cuales son objetivos de política económica en el país prácticamente existe acuerdo: buscar tasas de crecimiento económico superiores al 5 por ciento, ojalá del 7 por ciento, reducir el desempleo, la pobreza y la inequidad; universalizar la educación básica y mejorar su calidad y revisar el sistema de salud, etc.
El debate y la discusión están en el cómo, en las estrategias y en los cambios normativos, constitucionales y legales, que implican afectar intereses particulares en aras de lograr el interés general.
Es fácil hablar de crecimiento con equidad, suena bonito y es sencillo en la teoría; pero, en la práctica, cuando a un propietario de un predio rural o urbano le dicen que hay que hacer reforma agraria, reforma urbana o una expropiación, etc, ahí vienen los problemas y la controversia.
Por lo tanto, las propuestas de los empresarios son oportunas, por cuanto estamos en el período de seis meses que establece la Constitución de 1991, para que el gobierno prepare y elabore el Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014, que posteriormente deberá presentar a consideración del Congreso de la República, para su respectiva discusión, debate y aprobación.
No obstante lo anterior, lo legal sería que el gobierno escuche, atentamente, también las propuestas de otros sectores de la vida nacional, como las asociaciones de trabajadores, los sindicatos, los campesinos, el sector estudiantil y académico, a los voceros de la cultura, el medio ambiente, y a las regiones, en particular, a los gobernadores y a los alcaldes, en un proceso de participación, tal como lo establece nuestra Constitución Política, que contempla todo un armónico Sistema Nacional de Planeación que los gobiernos no aplican.
Es hora ya que el gobierno aplique lo que establece la Constitución de 1991, que habla de integrar, convocar y respetar un amplio y diverso Consejo Nacional de Planeación, en el cual debe estar representada la sociedad civil toda y las regiones, con un criterio amplio de concertación y discusión abierta, transparente y democrática.
En  Colombia, la planeación económica ha sido un ejercicio teórico y retórico. Se elabora un documento con una serie de objetivos, unas estrategias y unos supuestos indicadores a lograr, pero estos elementos poco o nada tienen que ver la realidad económica y social del país y las restricciones fiscales del Estado.  De tal forma que se expide el plan de desarrollo y este se convierte en un libro que se edita y distribuye por todas partes, se menciona las primeras semanas, pero después se convierte en letra muerte y volvemos a lo mismo de siempre: dejar a las fuerzas del mercado la ordenación de la economía e improvisar en el día a día, quitándole a la planeación económica toda su razón de ser.
Sería bueno que esta vez, y por primera vez, se hiciera un ejercicio serio de planeación participativa, abierta y realista, a partir de lose recursos y las necesidades de las regiones del país y se logre discutir, concertar y elaborar un instrumento económico que sea una verdadera hoja de ruta, en materia de política económica, para los próximos cuatro años, en un gobierno que ha pregonado la Unidad Nacional.