Aunque hemos mejorado en infraestructura de salud y en cobertura, antes del covid, los ciudadanos en los diferentes sondeos venían calificando mal la prestación del servicio. Y no dudan en colocar una tutela para exigir un servicio oportuno. De allí que se haya dicho que lo que la controversial Ley 100, que ya cumple 30 años, ampliaba de cobertura (una de las más altas a nivel mundial) lo quitaba en calidad. Paradójicamente, como afirmaba el exministro Alejandro Gaviria, la gente conserva un pésimo concepto del sistema, pero al ser encuestada la persona en su experiencia individual con el servicio, el resultado era mayoritariamente de satisfacción.
Antes del coronavirus ya había consenso en que el principal problema del régimen sanitario nacional es financiero.
La investigación ‘Las cuentas impagables del sistema de salud’, publicada en el portal de Razón Pública, estima la deuda al sector salud en $41 billones. (Jaramillo, 2020). De la deuda al sector salud, el Gobierno nacional a través de la ADRES destinó 5 billones de pesos durante el mes de marzo. Las EPS destinaron $1 billón para inversiones, $1.300 millones para su caja corriente y pagaron un total de $4,1 billones; el 60 % fue para IPS privadas o mixtas, el 17 % para IPS públicas y el 23 % se destinaron a otros proveedores, según un informe de la Supersalud.
