Cuando se habla de un foro universitario, y en especial si se trata de una institución de educación superior, se espera un escenario de deliberación académica, de contraste calmado de ideas y que todo fluya en torno a propuestas que fortalezcan la misión institucional. Esa debería ser la naturaleza de estos espacios. Sin embargo, lo ocurrido este lunes en la Universidad Popular del Cesar, UPC, se apartó de ese propósito.
La convocatoria, realizada en cumplimiento del calendario electoral que contempla un foro entre los aspirantes a la rectoría para exponer sus planes y visiones, derivó en un ambiente más cercano a una manifestación política que a un ejercicio académico. La ausencia de una logística rigurosa y de una convocatoria amplia a los distintos estamentos universitarios, como docentes, estudiantes, egresados y administrativos, terminó por desdibujar la solemnidad y el propósito del encuentro. La asistencia se redujo, en buena medida, a las barras de algunos candidatos, y ni siquiera la presencia del Consejo Superior Universitario fue completa, lo que restó institucionalidad y peso al evento.
Desde el inicio se notaron tensiones e inconformidades entre algunos aspirantes. Aunque finalmente el foro pudo desarrollarse, el tono estuvo marcado por denuncias y señalamientos. El candidato José Sierra cuestionó públicamente al rector Rober Romero y al presidente del Consejo Superior, Xavier Estrada, al señalar un supuesto encuentro en un restaurante con otro aspirante, Guillermo Echavarría. De comprobarse, situaciones de esa naturaleza podrían afectar la percepción de transparencia e imparcialidad que debe regir todo proceso electoral universitario. No obstante, corresponde a las instancias competentes esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, debido a que, sin pruebas concretas, cualquier acusación permanece en el terreno de la especulación.
Debemos preocuparnos por ese mal clima que comienza a rodear el proceso. Las denuncias sobre presunto constreñimiento a docentes, manipulación de empleados y estudiantes, entre otras irregularidades, dibujan un panorama delicado que exige prudencia, rigor probatorio y garantías institucionales. La UPC no puede permitirse que el debate electoral se convierta en una jornada de descalificaciones que reviva prácticas de “guerra sucia” que tanto daño hicieron en el pasado.
Resulta preocupante que, tras un inicio de campaña caracterizado por la discusión de propuestas académicas y una atmósfera de relativa calma, el proceso haya tomado un giro que siembra dudas sobre su transparencia. Se debe tener en cuenta que la elección del rector es un paso importante para comenzar a definir el rumbo administrativo y académico de la universidad y, por ende, impacta de manera directa a la juventud cesarense y al desarrollo regional.
Es momento de que los organismos de control y las instancias superiores ejerzan una vigilancia atenta y oportuna sobre el proceso y de esa manera puedan brindar garantías para todos los actores involucrados. La Universidad Popular del Cesar está llamada a ser referente de formación integral, pensamiento crítico y convivencia democrática, eso es lo que debe prevalecer en el proceso de elección del rector.
El llamado es a defender los principios de transparencia, equidad y respeto; asegurar condiciones iguales para todos los candidatos y preservar la dignidad institucional por encima de cualquier interés particular. Solo así la UPC podrá convertir este proceso electoral en una oportunidad para fortalecer su legitimidad y reafirmar su compromiso con la excelencia académica.
