Es importante que todas las veedurías ciudadanas de Valledupar y el resto del departamento del Cesar tengan en cuenta que desde el pasado 8 de noviembre de 2025 entró en vigencia en Colombia la Ley de Garantías Electorales, normativa que busca proteger la transparencia en la contratación pública durante los periodos preelectorales y electorales, así como garantizar la igualdad de condiciones entre partidos y candidatos.
La tarea les corresponde a los distintos organismos de control, pero si las veedurías y demás entes de vigilancia social, incluidos los periodistas y medios de comunicación, también entran a apoyar esa labor se podrán lograr, en mayor proporción, los propósitos que persigue la norma en comento.
Al igual que todo el país, Valledupar y el departamento del Cesar entran en una nueva etapa que exige prudencia, transparencia y responsabilidad institucional. Esta norma, que suspende la contratación directa y limita la ejecución de convenios interadministrativos durante el periodo previo a las elecciones, busca blindar el uso de los recursos públicos frente a los intereses políticos y electorales de los sectores que pujan por el voto ciudadano.
Como históricamente suele suceder, en los días previos a su aplicación, se vivieron verdaderas maratones de contratación. Alcaldías y entidades descentralizadas adelantaron procesos exprés, tratando de dejar listos convenios, obras y contratos antes del “corte” legal. Un fenómeno que, aunque recurrente en cada periodo electoral, despierta preocupación sobre la manera en que algunos funcionarios entienden el servicio público y el deber de transparencia, dejando al descubierto la falta de una buena planificación de contratación que les evitaría las carreras a último momento.
Frente a todo eso, es prioritario que los organismos de control como la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, establezcan medidas tendientes a garantizar que la Ley de Garantías no se convierta en letra muerta, como muchas veces ha sucedido. No basta con que la norma esté vigente, se requiere vigilancia efectiva, auditorías oportunas y sanciones ejemplares para quienes la burlen. Justo en estos tiempos de crisis de credibilidad institucional, se debería aprovechar esta temporada para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del estado, en especial en regiones como la nuestra.
En ese sentido, la meta para Valledupar y el Cesar ha de ser el aseguramiento ciento por ciento de los recursos públicos para que estos no se conviertan en herramienta de campaña, sino en motor de desarrollo para la región.
El llamado para las entidades que disponen de recursos para contratación es a que no vean a la Ley de Garantías como un obstáculo, sino que, por el contrario, la conciban como una muestra de respeto por la democracia y por los principios que sostienen al Estado en todas sus facetas.
Se espera que esta vez no se sigan repitiendo esos casos en los que algunos funcionarios públicos se las ingenian para tener participación ilegal en los procesos políticos sin que se les pueda comprobar y sancionar por sus acciones.
El radar de la Procuraduría General debe estar más activo que nunca para que se logre superar muchos de los vicios en los que incurren ciertos personajes vinculados al ejercicio de la cosa pública y que la aprovechan para sus intereses partidistas.
Por ahora toca repetir esa vieja frase que siempre se escucha en los seminarios de contratación pública que reza: “La transparencia no se decreta, se demuestra con hechos”. Eso es lo que esperamos todos.
