Cuando se presenta una situación que resulte muy sensible para la ciudadanía de un municipio, afectando sus derechos e intereses económicos, y en la cual está comprometida la institucionalidad local, son los concejales los primeros llamados a intervenir. Es el caso de la implementación de las fotomultas.
Hay irrespeto de las normas de tránsito y se observa es una patrulla de la oficina de Tránsito “cazando a infractores para imponerles fotomultas”, algunas sanciones justificadas y en el marco de la legalidad, pero otras, tal vez la mayoría, son, según las denuncias, impuestas de manera irregular.
Pero “tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe” y, en consecuencia, un concejal de Valledupar, Carlos Escorcia, se dio a la tarea de hacer un trabajo de campo y filmar un video en el que se evidencian las irregularidades en las fotomultas, demostrando que estas son ilegales porque dentro de la patrulla de tránsito no va ningún agente, como establece la norma, advirtiendo, además, que ese vehículo estaba siendo operado por una persona ajena al cuerpo de tránsito y que, al ser sorprendido, intentó borrar las evidencias.
A raíz de esa acción, que valoramos del concejal Escorcia, se volvió a revivir el debate sobre la necesidad de revisar esa concesión, su cumplimiento de las normas, evaluar los resultados y establecer responsabilidades.
En cada municipio de Colombia debería haber, no uno sino varios, concejales dispuestos a fiscalizar, a denunciar y a proteger los derechos de los ciudadanos frente a prácticas injustas como las fotomultas irregulares. La existencia de contratos poco transparentes entre administraciones municipales y empresas privadas que manejan estas tecnologías, ha generado un legítimo malestar entre la gente.
Todos los concejales, y no solo uno, están obligados a ejercer control político y no darle paso al silencio o la complicidad. ¿Por qué solo uno? ¿Por qué no todos los miembros del Concejo, elegidos por la voluntad popular para defender los intereses de sus comunidades, se suman a este tipo de denuncias?
La (des)información del tránsito
Los asuntos de gobierno y de la administración pública suelen ser complejos, y aquí, como en otros asuntos, falta mucha información de los mandatarios y de los mismos concesionarios, por lo que los ciudadanos se van formando opiniones simplificadas, fragmentarias.
Buena responsabilidad nos cabe a los periodistas por no investigar, por ser poco acuciosos y rigurosos; pero también opera la omisión, quizá deliberada de los administradores y funcionarios de no educar, orientar a la ciudadanía sobre lo que hacen cada dependencia y sectorial. En el caso específico del Tránsito, hay una concesión y debería darse mayor y más detallada información sobre las funciones a cargo directamente de la Secretaría y aquellas a cargo de la concesionaria, dónde terminan unas y empiezan las otras. Quién es en realidad el concesionario y cuáles son los ocultos beneficiarios o socios finales.
Dónde está la regulación, la señalización, la semaforización, el control digital y visual, el control y uso de herramientas tecnológicas, el proceso de matrícula y los ingresos derivados de ello, los niveles de recaudo, por un conducto u otro; la clara y amplia difusión de las normas de tránsito; la relación con otras secretarías, como Gobierno, por eso del espacio público, o con Obras, por aquello de que el estado de los huecos y el estado de vías o de ejecución de obras afecta el tráfico, en fin. Informar es el primer gran paso para que la gente no se forme la única idea del Tránsito, sus funcionarios y agentes, como una tradicional sectorial de puestos políticos trazados por las señales de la inoperancia, la extorsión al ciudadano y la corrupción.
