La situación de falta de agua potable que se presenta en el corregimiento de Los Venados, de Valledupar, es la repetición de esa vieja historia en la que se construyen las obras sin planificar los respectivos costos de mantenimiento y administración.
Lo ha dicho el mismo secretario de obras del municipio, Layonel Arenas, al afirmar que la planta de tratamiento del acueducto regional del sur “es una muy buena planta”, pero requiere operación y mantenimiento diario. Y ahí está precisamente el meollo del asunto. Durante años, los gobiernos locales han concentrado sus esfuerzos en inaugurar infraestructura, en mostrar tubos, tanques y estaciones de bombeo como muestras de buena gestión, mientras se deja en segundo plano algo tan importante como la sostenibilidad del servicio, lo cual se garantiza es con presupuesto.
Los ingenieros y encargados de diseñar y formular este tipo de proyectos saben muy bien que un acueducto no funciona solo por el hecho de haberse construido. Ellos saben que un sistema de agua potable necesita operadores capacitados, químicos para potabilización, energía permanente, limpieza constante de filtros, reposición de equipos, vigilancia técnica y atención inmediata de fallas. Todo eso cuesta dinero. Mucho dinero. Y si no existe una fuente estable de financiación, la infraestructura termina convertida en un problema en lugar de una solución, como está pasando con ese acueducto regional de Los Venados y cuyas falencias se extienden a otros corregimientos como Caracolí, El Perro y Guaimaral.
Si ya eso se conoce con antelación, entonces no se entiende por qué, de manera repetitiva, se incurren en esos errores en los que no se prevé presupuesto para mantenimiento y la respectiva administración. Esa misma situación se está presentando con otros proyectos como el Centro Cultural de la Música Vallenata, La Casa en el Aire, la Biblioteca Pública Municipal, algunos parques y escenarios deportivos y el que está trámite en pro de la construcción de una sede de la Universidad Popular del Cesar en el municipio de La Jagua de Ibirico, todos ellos comparten un denominador común y es que hasta este momento no se sabe cómo será financiado su funcionamiento.
Además del caso de Los Venados, todas esas malas experiencias pasadas deben servir para hacer correcciones y para que en adelante las obras públicas se hagan con buena planificación administrativa y así evitar que estas se conviertan en soluciones temporales condenadas al deterioro con el paso del tiempo.
Esa enseñanza que deja el acueducto regional de Los Venados debe tenerse en cuenta frente al proyecto que ha venido promoviendo el actual gobierno municipal para crear una empresa de servicios públicos domiciliarios exclusiva para las zonas corregimentales de Valledupar, iniciativa que ya surtió trámites en el Concejo Municipal. De entrada, ese es un buen proyecto y muy necesario, pero debe darse el debate sobre cómo se va a financiar de manera permanente su operación y mantenimiento.
De nada serviría crear una entidad sin garantizar recursos suficientes para su buena marcha y que no se repita la misma historia que hoy tiene a Los Venados sin agua estable. Una empresa de servicios públicos no puede convertirse en otra estructura burocrática sin músculo financiero, dependiendo únicamente de transferencias ocasionales del municipio o de soluciones de emergencia cada vez que aparezca una crisis.
Ante ese ya conocido panorama, las administraciones tanto municipales como departamental, antes de anunciar nuevas entidades o proyectos, están obligadas a explicar con claridad cómo garantizarán ingresos permanentes para cubrir costos operativos, mantenimiento preventivo, atención de emergencias, pago de personal técnico y modernización de equipos.
