Válido aclarar que la Ley de Garantías Electorales nació con el propósito de blindar los recursos públicos de su uso político en tiempos preelectorales; ese es un objetivo muy sano y apenas natural. Sin embargo, en la práctica local, su aplicación vuelve a demostrar que no es la norma en sí misma la que genera mayores traumatismos, sino la falta de planeación de quienes tienen la responsabilidad de anticiparse a las consecuencias que eso conlleva.
Como suele suceder, la norma puso a correr a las oficinas de contratación de todo el país. En Valledupar, varias entidades públicas vieron seriamente limitada su capacidad operativa al no poder adelantar procesos de contratación en su totalidad antes de la entrada en vigencia de las restricciones. El resultado ha sido un déficit de personal que hoy afecta el funcionamiento de la administración pública.
En ese sentido, podríamos mencionar como el caso más inquietante la situación que enfrenta en estos momentos el Centro Biotecnológico del Caribe, CBC, del SENA en Valledupar. Allí, 104 funcionarios quedaron sin contrato, dejando en vilo el desarrollo de la oferta institucional correspondiente al primer trimestre de 2026.
Detrás de esos más de 100 contratos de Orden de Prestación de Servicios que se quedaron sin legalizar, están los instructores, apoyos técnicos y personal clave para garantizar la continuidad de programas de formación para el trabajo que benefician a cientos de jóvenes y trabajadores de la región.
Llama la atención que no todos los centros del SENA corrieron la misma suerte. En una jornada maratónica iniciada desde el pasado 8 de enero, tres de los cuatro centros de formación lograron superar con éxito la fase de contratación previa a la Ley de Garantías. El CBC, en cambio, se quedó rezagado. “Yo se los advertí a tiempo, pero no planificaron bien”, afirmó el director seccional del SENA en Valledupar, Eudes Zapata, dejando en evidencia que hubo alertas tempranas que no fueron atendidas con la seriedad requerida para ese caso específico.
Como resultado de esa improvisación, el director seccional se ve obligado a viajar a Bogotá para buscar salidas de emergencia y explorar alternativas que permitan garantizar el normal desarrollo de la oferta institucional del CBC. Eso pudo haberse evitado con una planeación oportuna y responsable por parte de los planificadores de esa institución.
Es cierto que ese panorama no es exclusivo del SENA. La Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Valledupar, el Área Metropolitana de Valledupar y otras entidades locales también enfrentan restricciones por no haber logrado contratar todo lo proyectado antes del cierre legal. La Ley de Garantías volvió a llegar, como cada ciclo electoral, anunciada, conocida y previsible, no obstante, muchas oficinas públicas actuaron con paquidermia.
De todo esto queda una buena lección para tener en cuenta en futuras temporadas electorales y así evitar que la Ley de Garantías continúe como la excusa perfecta para justificar la parálisis institucional. Frente a ella hay que anticiparse, planificar y entender el calendario político y legal del país. Cuando eso no ocurre, los costos no los pagan los funcionarios sin contrato, ni los directivos que dan explicaciones tardías; los paga la ciudadanía, que ve interrumpidos servicios, programas y oportunidades que quedan paralizados por varios meses.
Por lo pronto, el CBC del SENA espera una solución urgente. Allí, cientos de aprendices en estos momentos ven amenazado su derecho a la formación para el trabajo por errores que nada tienen que ver con elecciones, pero sí con la falta de previsión de quienes dirigen la oficina de contratación de ese centro de aprendizaje.
