Por enésima vez nos referimos al conflicto interno que se presenta entre distintos sectores del pueblo arhuaco por la elección de su cabildo gobernador, investidura que en la actualidad ostenta Zarwawiko Torres, pero que algunas partes no reconocen y por ahora no se vislumbra una salida definitiva.
Esa disputa de poder entre las comunidades arhuacas lleva más de dos años, pese a la intermediación del Ministerio del Interior y otros organismos oficiales. El tema volvió a revivir desde el pasado 10 de octubre, en Bogotá, donde se celebró una reunión entre los principales mamos del pueblo arhuaco y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en aras de una solución.
Desde un comienzo ha sido controvertida la designación de Zarwawiko Torres como cabildo gobernador, a quien muchos voceros indígenas cuestionan porque no cuenta con la legitimidad tradicional emanada de los mamos. Entre tanto, la Corte Constitucional, en su Sentencia SU-419 de 2024, ordenó un proceso de resolución que garantice la participación activa de las autoridades espirituales, los mamos, así como del Ministerio del Interior, en búsqueda de una salida armónica y respetuosa a ese conflicto que tiende a convertirse en eterno.
El Gobierno nacional ha reconocido la complejidad del problema y anunció la solicitud de revocatoria del registro administrativo de Zarwawiko Torres, así como la suspensión de una controvertida reunión que debía darse este 14 de octubre y, en su defecto, realizar una mesa de diálogo conjunta en Santa Marta u otro lugar acordado, para avanzar en la ruta señalada por la Corte. Un gesto que, aunque tardío, puede leerse como apertura a un diálogo efectivo. No obstante, esa decisión no fue compartida por muchos de los sectores indígenas, quienes decidieron avanzar por su lado en las discusiones.
En ese sentido, desde Valledupar y la Sierra Nevada se dijo que los mamos y la Confederación Indígena Tayrona, CIT, tenían previsto un encuentro en Mechachun, considerado territorio sagrado, donde gran parte del pueblo arhuaco se propone continuar su propio proceso, algo que ellos llaman autónomo y revestido de espiritualidad. Ese es el único espacio que ellos, los indígenas, conciben como el escenario donde puede lograrse “la legitimidad que solo puede brotar desde la Ley de Origen, y no desde decisiones externas o administrativas impuestas”.
En un comunicado, la CIT cuestiona al Ministerio del Interior por considerar que actúa como parte interesada, al tiempo que le pide que sea un garante neutral del cumplimiento de la sentencia constitucional.
Así las cosas, debe revisarse y analizarse qué tanto se ha desconocido la autonomía del pueblo arhuaco, a la que tiene derecho, y qué mecanismos pueden validarse para adelantar un proceso que resulte legítimo y que goce del consenso de los mamos y de la gran mayoría del pueblo arhuaco. Esa debe ser la ruta indicada para contribuir a la solución y evitar que se sigan perpetuando y ahondando las divisiones internas en nuestros “hermanos mayores”, como se autodenominan ellos.
El presidente Gustavo Petro debería acoger la petición de algunos mamos, quienes proponen que una comisión de alto nivel acuda a Mechachun, sitio que ellos califican como “el corazón del mundo”, para que allí se escuche directamente el mandato de los pueblos. Ellos argumentan que esa sería una manera de demostrar respeto por el orden ancestral, por su cosmovisión, con la que han sostenido la identidad cultural de su pueblo arhuaco.
Resulta, entonces, una oportunidad para que el actual Gobierno nacional demuestre que en verdad su apuesta por la justicia social incluye a los pueblos indígenas. Es el momento de ponerle fin al conflicto del pueblo arhuaco.
