Es muy lamentable la situación que se presenta en el municipio de Bosconia, alrededor de la construcción de la variante, anillo vial, contemplada en el proyecto Ruta del Sol.
Allí, a la entrada de ese municipio, en la vía que comunica con Valledupar, no se ha podido resolver el asentamiento de 25 familias indígenas yukpa que, desde hace cuatro años, sobreviven en condiciones indignas a la orilla de una vía nacional —en la variante suroriental de Valledupar hacia Cuatro Vientos (El Paso)— expuestas a temperaturas extremas, sin garantías básicas y atrapadas en medio de promesas que nunca se materializaron, según lo afirmó el alcalde Jorge Patiño en entrevista con Radio Guatapurí.
Pero eso no es todo, lo que acaba de decir el mandatario de Bosconia agrava aún más la situación en razón a que los directivos de la constructora Ariguaní, la concesionaria que tiene a cargo la ejecución del proyecto, informaron de manera extraoficial que ellos han tomado la decisión de entregar la obra sin concluir la construcción de esa variante, debido a que no se han cumplido los compromisos asumidos en cinco sesiones de consulta previa en las que, además de las comunidades, participaron representantes de varios de los ministerios comprometidos con el tema, de distintas entidades tanto del ámbito nacional como departamental y local.
Los compromisos incumplidos, según el alcalde, son la no construcción de 64 viviendas por parte del Ministerio del Interior, de un hogar para niños, a cargo del ICBF; y de un centro de salud que debía ejecutar el Ministerio de Salud, todo eso en un predio de unas dos hectáreas de tierras que el municipio está en disposición de aportar. Por todo ello, y al no haber acuerdos concretos a la fecha, la constructora Ariguaní se vería obligada a entregar el proyecto sin la culminación de la variante.
Las consecuencias no podrían ser peores, ni hay vía terminada ni hay condiciones dignas para esas 25 familias indígenas, mientras el conflicto cada día se agrava más.
Es un tema que debe preocupar a la dirigencia departamental. La posibilidad de que la variante quede inconclusa representa un retroceso en materia de infraestructura y sería un golpe directo al desarrollo económico del Cesar y a la conectividad de millones de colombianos.
Ante esa situación sería bueno preguntar: ¿quién defiende el interés general cuando este no tiene una voz organizada que lo represente? Las comunidades locales y las pequeñas comunidades identitarias (indígenas, afrodescendientes o grupos de campesinos), con todo derecho, se organizan, protestan y exigen; lo hacen desde realidades de abandono que merecen atención, aunque en algunos casos hay detrás intereses de abogados con el propósito de maximizar las pretensiones y demandas.
Sin embargo, el resto de la ciudadanía, que son millones de usuarios de esta vía, también resulta afectada, aunque no tenga la misma capacidad de presión ni visibilidad como sí la tienen los indígenas, por ejemplo. A ellos los representan los cabildos gobernadores de la comunidad yukpa, pero la ciudadanía dispersa no indígena pareciera no tener dolientes.
Insistimos, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones sobre ese mismo tema, incluidas también las variantes de Aguas Blancas, de El Copey y la conexión con Valledupar, en que es urgente que las autoridades tanto local como departamental y el mismo Gobierno nacional en su conjunto se apersonen del problema y busquen una salida oportuna.
Pero con mayor énfasis hacemos un llamado a los cesarenses que tienen interlocución en las altas esferas del poder público, a esos que son amigos del presidente Gustavo Petro, para que intervengan y asuman responsabilidad con el territorio. Es prioridad destrabar ese conflicto, cumplir compromisos, reducir las posturas maximalistas, y garantizar la finalización de las obras que por tanto tiempo hemos esperado.
Sería una tristeza grande que esa carretera se quedara a medias. Y si no interviene el gobierno central por lo menos que lo haga el departamental, que tiene funciones de concurrencia y articulación.
