Al cierre de año se acostumbra hacer evaluaciones sobre muchos aspectos, unos de índole personal, otros institucionales, colectivos y que inciden en el bienestar de las comunidades. Pero detengámonos a revisar los denominados informes de gestión o rendiciones de cuentas que por ley deben hacer las entidades públicas.
Frente a ese tema de las rendiciones de cuentas públicas no deja de rondar en la opinión pública muchas preguntas sobre la veracidad y utilidad de esos informes de gestión que alcaldías, gobernaciones y demás entidades oficiales presentan de cada vigencia para dar a conocer resultados y la forma como ejecutaron sus respectivos presupuestos.
Tal parece que aquellas rendiciones de cuentas que en algún momento fueron vitrinas institucionales muy bien aprovechadas y espacios concurridos hoy son solo trámites más bien discretos y protocolarios. Muy poca gente le presta atención a eso, ¿será que no les creen a quienes las presentan?
Es lamentable que se haya distorsionado la intención original o el espíritu de la norma en el sentido de informar, explicar, justificar, dar cuenta de los aciertos, pero también de los errores; mostrar con cifras, hechos y resultados la manera cómo se manejaron los recursos públicos y cómo se avanzó o no se pudo avanzar en el cumplimiento de los planes de desarrollo de cada entidad.
Desanima un poco ver cómo esas jornadas, que eran consideradas una herramienta importante para la transparencia, en la práctica, hayan ido perdiendo fuerza hasta en las mismas veedurías ciudadanas, entes de control, incluidos los medios de comunicación que también están llamados a ejercer vigilancia social.
Resulta irónico decirlo, pero para algunas personas incautas o poco conocedores de la gestión pública, al ver todo lo bonito que se le presenta en esas rendiciones de cuentas, podrían llegar a pensar que están frente a los mejores gobernantes del mundo, contrastando eso con la realidad administrativa de la entidad que expone el informe, lo cual ocurre porque no hay quien confronte cifras y verifique lo que se está diciendo o mostrando, máxime cuando la mayoría del público asistente está integrado solo por contratistas, funcionarios y aliados del gobierno de turno. Todos en función de comité de aplausos.
Otra pregunta válida es si, ¿se trata de informar o solo de cumplir un requisito legal? Gran parte de las entidades se limitan a presentar un documento cargado de cifras difíciles de contrastar, gráficas coloridas y lenguaje técnico que poco dice al ciudadano común. Casi todas son mediante jornadas virtuales.
El llamado es para las contralorías, Procuraduría, personerías y veedurías ciudadanas para que de verdad asuman la responsabilidad de revisar que la información coincida con la realidad presupuestal. Se necesita pensar en un mecanismo eficaz que garantice que esos datos son veraces, comparables o verificables.
Otro factor que debe priorizarse es la publicidad previa porque en la actualidad pareciera existir falta de interés en algunas administraciones para hacer buenas convocatorias, lo cual refuerza la idea de que prefieren que pocos miren para minimizar riesgos de preguntas incómodas o críticas, cuando lo ideal sería que, si se están haciendo bien las cosas, la entidad sea la primera en querer mostrar esos buenos resultados.
A propósito del 2025, por el momento solo se recuerdan algunas jornadas de rendición de cuentas de la Policía Metropolitana, Alcaldía de Valledupar, Sistema Estratégico de Transporte, SIVA, Gobernación del Cesar y del Área Metropolitana de Valledupar, ¿qué pasó con los demás? Es posible que otras entidades y alcaldías también lo hicieron durante este año, pero no nos enteramos precisamente por todo lo que hemos planteado aquí.
