Seis años al interior de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar dejan una certeza en seguridad vial: las intenciones institucionales suelen distanciarse de la operación real. Este ejercicio se apoya en los registros del SIMIT y del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la ANSV, fuentes que no admiten matices de conveniencia. La pregunta de fondo es: ¿el control opera para reducir la mortalidad vial, o para sostener un volumen para solamente recaudar? De esa distinción depende, literalmente, la vida de quienes circulan por Valledupar.
Entre el 1 de enero de 2025 y el 19 de agosto de 2026 la ciudad acumuló 66.572 órdenes de comparendo: 59.585 impuestas por agentes de tránsito adscritos a la Secretaría y 6.986 por policías con funciones de tránsito. Cifra imponente para año y medio de gestión. El volumen esconde, empero, una composición un poco más reveladora. De ese total, 39.306 comparendos —cerca del 59 %— corresponden exclusivamente al código C-02, estacionar en sitios prohibidos. Le siguen el C-35, omisión de la revisión técnico-mecánica, con 7.461 registros, y el D-02, circular sin SOAT, con 5.292. Tres infracciones de naturaleza esencialmente administrativa concentran más de tres cuartas partes de todo el aparato de control de la ciudad.
Frente a ellas, las conductas que la evidencia internacional asocia con la severidad y la letalidad de los siniestros quedan reducidas a la marginalidad estadística. El código F, conducir bajo el influjo del alcohol o de sustancias psicoactivas, suma apenas 175 comparendos en año y medio. El C-24, manejo irregular de motocicletas, alcanza 4.774, cifra modesta si se considera que el motociclista concentra la mayor proporción de víctimas fatales en las estadísticas nacionales.
