Hace cuatro años, en 2022, me aventuré a recorrer algunos de los corregimientos en el macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta: Palmor, San Javier y San Pedro, en Ciénaga; Santa Rosa de Lima, Santa Clara, Sacramento y El Cincuenta, en Fundación, los cuales son solo unos pocos de los muchos lugares forjados material y simbólicamente por el campesinado serrano desde hace varias décadas a lo largo de los departamentos del Magdalena, Cesar y La Guajira.
No obstante, cuando Orfa, una aguerrida y virtuosa líder de la organización campesina Mujeres Cafeteras y Artesanas de la Sierra Nevada, comparte en sus viajes al centro del país las historias sobre la labor de producción y transformación del café que desarrollan las mujeres de su asociación, se encuentra frente al absurdo de que funcionarios estatales aseveren no tener noción sobre la existencia de la vasta población campesina que tradicionalmente ha habitado la Sierra Nevada de Santa Marta.
El Consejo de Estado y la Presidencia de la República hacen parte de ese poder central que desconoce al campesinado, y la visión que éste tiene sobre la tierra como espacio de vida, donde tienen lugar dinámicas relacionales profundamente espirituales y afectivas, lo que contradice la lógica de una concepción meramente productiva.
El territorio serrano representa trayectorias de esfuerzo, resistencia y permanencia. La finca, las fuentes de agua, las montañas, los caminos y las trochas, las escuelas veredales, las estaciones de los carros de línea, las canchas, las tiendas veredales y los cementerios rurales son espacios de cuidado, lugares de reunión, escenarios de construcción de lo comunitario, de transmisión intergeneracional y de vínculo con los antepasados. Son símbolos de permanencia y conocimiento territorial, de construcción y movilización política, así como también lugares de memoria y de resistencia ante las sucesivas e interminables violencias.
El campesinado ha construido su legitimidad en la Sierra a partir de su permanencia histórica, del trabajo, del esfuerzo, del cultivo, de la apertura de caminos, de la construcción artesanal de sus viviendas y del cuidado de la montaña y del agua.
Es por ello que, cuando nuevamente se abrió el espacio de discusión sobre la Línea Negra, el campesinado, con el ánimo de ser reconocido como un actor socioterritorial fundamental en la construcción y protección espiritual, cultural y ambiental de la Sierra Nevada, solicitó, a través de los mecanismos formales de petición, su vinculación a este proceso dialógico y consultivo en simetría con los pueblos étnicos de la Sierra.
Pero no hubo acciones garantistas frente a sus peticiones. Se recibieron respuestas con argumentos genéricos, evasivos y difusos y, en el caso de algunas entidades, ni siquiera se tuvo confirmación de haber recibido las solicitudes. Esto ha dado lugar a que el campesinado denuncie públicamente: “El Gobierno Nacional ha tomado una decisión trascendental sobre nuestros territorios sin escuchar al pueblo campesino, ignorando deliberadamente nuestra palabra, nuestra historia, nuestra permanencia y nuestro derecho legítimo a participar en decisiones que afectan directamente nuestra vida, economía, cultura, territorialidad y futuro”.
La protección de la Sierra Nevada es un imperativo, y que el Gobierno emitiera un nuevo decreto no solo era necesario, sino también oportuno; sin embargo, la no vinculación del campesinado lo convierte en un instrumento imperfecto e incompleto, susceptible de ser nuevamente derogado.
Por: Luz Yaruro
