Es la pregunta del millón, la que se hace la opinión pública luego de la absolución del expresidente Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá, al considerar que no hay pruebas suficientes para demostrar dolo en el delito de soborno en actuación penal en el que pudo incurrir el exjefe de Estado.
Sin embargo, fue la Corte Suprema de Justicia la que, en su momento, tipificó la conducta de dolo cuando dictó la medida de aseguramiento carcelaria contra Uribe Vélez, prueba que le sirvió a la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento, Sandra Heredia, para condenarlo en fallo de primera instancia que ahora revocó el Tribunal Superior de Bogotá, aunque, indefectiblemente, la contraparte apelará ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Para algunos, el fallo absolutorio le borra el estigma de persona condenada al expresidente Uribe, restituyéndole derechos políticos para hacerse elegir nuevamente senador de la República, pero para otros, la absolución electoralmente le sería desfavorable, a la luz de un fallo que se presume político y en contravía de la actuación jurídica de la Corte Suprema de Justicia.
Aseguran que, en casación, la máxima instancia penal del país dejará en firme la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero tiene un respiro Uribe Vélez para maniobrar políticamente de cara al debate electoral del 8 de marzo de 2026, cuando serán elegidos congresistas, y el 31 de mayo, en primera vuelta, presidente de la República.
Sencillamente, porque la Corte no va a echar atrás su actuación, predicamento jurídico que le impidió a la Fiscalía precluir en dos ocasiones la investigación a favor de Uribe cuando fungía como fiscal general de la Nación Francisco Barbosa.
En el entretanto, surge la perorata que se arma entre jurisconsultos, doctrinantes y exaltados que tomarán como rasero la verdad verdadera y la verdad procesal, para descalificar al juez y reavivar el “cartel de la toga”, momento aciago de la Corte, chuzada y desprestigiada en el gobierno de Uribe Vélez.
“El derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder”, fueron expresiones de la jueza Sandra Heredia cuando condenó al expresidente Uribe. Y remató: “Que los poderosos, de cualquier parte del espectro político, se desacostumbren a sentirse por encima de la ley”.
Es un caso que ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones, pero la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia. Habrá que esperar el fallo de casación penal, que podría demorar cinco años, o menos, o más, según los términos y el orden asignado respecto a los turnos procesales. Es cuando retumba el postulado universal: “Demorar la justicia es injusticia”.
Por: Miguel Aroca Yepes.
