Hay momentos en que uno deja de admirar el ingenio y empieza a indignarse. Me pasa con todo lo que está sucediendo en Fonseca (La Guajira) donde un ciudadano inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó, o hizo presentar por interpuesta persona, supongo, cinco acciones de tutela paralelas ante distintos jueces, con el mismo objeto, los mismos hechos y la misma pretensión: que alguien le devolviera una candidatura que la ley le había quitado legítimamente y en firme.
El CNE revocó la inscripción del señor Micher Pérez Fuentes, luego resolvió un recurso y confirmó la revocatoria. Actos administrativos en firme, expedidos por el órgano constitucional competente, con notificación en estrados y recurso agotado. Eso no le importó.
¿Qué hizo el señor Pérez Fuentes ante esa realidad jurídica? Buscar un juez complaciente. Primero fue la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y le negaron la medida provisional. Luego, en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Juan del Cesar, se la concedieron; pero la Sala Penal del Tribunal Superior de Riohacha la dejó sin efectos, advirtiendo la incompetencia de la juez penal para inaplicar actos administrativos en firme. Entonces el Tribunal Administrativo de La Guajira, con tres tutelas distintas, el 6 de mayo, tres días después de celebradas las elecciones, le concedió la medida provisional que tanto buscaba. Aquí es donde señalo con el dedo al operador judicial que permitió ese despropósito.
