Debo confesar que nunca imaginé que en el proceso para elegir rector de la Universidad Popular del Cesar terminaríamos hablando más de inhabilidades que de propuestas académicas. Pero así están las cosas.
Todos sabemos que en el Cesar los rumores corren rápido, pero también sabemos que cuando un comentario se repite en pasillos, oficinas y cafeterías, deja de ser simple chisme y empieza a convertirse en preocupación colectiva.
Bueno, hoy en la UPC hay un tema del que casi nadie quiere hablar públicamente, pero que muchos comentan en privado: la posible existencia de aspirantes que no cumplirían los requisitos o que podrían estar incursos en conflictos de interés e inhabilidades legales.
La pregunta que se me ocurre es sencilla: ¿se han revisado con el rigor debido todas las hojas de vida y las condiciones jurídicas de los 24 aspirantes?
Porque luego entonces, si dentro de los inscritos hay quienes ejercen actualmente cargos directivos académicos; otros cuyos cónyuges ocupan altas responsabilidades en la misma institución; algunos que han tenido litigios con la universidad; otros que no acreditan experiencia docente; e incluso quienes adelantan aspiraciones simultáneas a corporaciones públicas, lo mínimo que espera la comunidad universitaria es claridad.
No se trata de señalar con el dedo. Se trata de proteger la institucionalidad.
Ahora, en derecho administrativo las cosas no funcionan sobre la base de la buena fe solamente. Funcionan sobre la base de la verificación objetiva de requisitos. La ley establece condiciones para acceder a cargos públicos, y la rectoría de una universidad pública no es la excepción.
Si todo está en regla, magnífico. Pero si existe alguna irregularidad, debe resolverse antes de que el proceso avance.
Porque de lo contrario podríamos estar sembrando el terreno para futuras demandas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, acciones de nulidad o incluso procesos que terminen comprometiendo no solo al elegido sino a quienes tenían la obligación de ejercer control.
Hablando de responsabilidades, el Consejo Superior Universitario y el Tribunal de Garantías no solo administran un proceso electoral interno. Administran la legitimidad de la universidad. Y esa legitimidad no puede construirse sobre dudas.
También han llegado comentarios —que ojalá no pasen de ahí— sobre presiones indebidas y prácticas de proselitismo que no honran el debate académico. Una universidad debe ser el escenario del argumento, no de la intimidación.
La UPC ha crecido, se ha consolidado y hoy es referente regional. Por eso mismo no puede darse el lujo de iniciar un nuevo periodo rectoral bajo cuestionamientos jurídicos que empañen su estabilidad.
Yo aspiro a la rectoría convencido de que la legalidad no es negociable. No vine a esta contienda a descalificar personas, vine a defender principios. Y el primer principio es que quien aspire a dirigir la universidad cumpla estrictamente cada requisito que exige la norma.
La transparencia no debería incomodar a nadie. Al contrario, debería tranquilizarnos a todos.
COLOFÓN: Nos encontramos en una etapa decisiva del proceso electoral de la Universidad Popular del Cesar. Más allá de simpatías personales, lo que está en juego es la legitimidad de la próxima rectoría. Ojalá que dentro de algunos meses podamos hablar del nuevo rector sin que su elección esté rodeada de litigios, nulidades o cuestionamientos. Porque la UPC merece empezar una nueva etapa con tranquilidad jurídica y confianza institucional, no con un secreto a voces que termine convertido en problema mayor.
Por Jorge Naín Ruiz Ditta
