Uno de los dilemas del Estado siempre ha sido tener unas plantas de personal robustas, que permitan realizar de manera eficiente y eficaz las tareas administrativas, de fiscalización y control, con la consecuente carga prestacional y presupuestal, o acudir a la figura del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para suplir las deficiencias de personal.
De las tantas acusaciones que se le hacen al gobierno saliente de Gustavo Petro, sobresale la de haberse excedido en los contratos de prestación de servicios, más conocidos popularmente como OPS.
Las cifras, ciertamente, llaman la atención. Una investigación de El Tiempo, basada en información del Secop Integrado, encontró que entre agosto de 2022 y agosto de 2026 la Rama Ejecutiva del orden nacional suscribió 884.064 contratos de prestación de servicios con personas naturales, por cerca de 36 billones de pesos. Esos contratos fueron celebrados con unas 228.000 personas y representan un incremento del 119 % frente al número de contratos suscritos durante el gobierno de Iván Duque.
