El pasado 12 de febrero, el Consejo de Estado, en sentencia de única instancia, falla la nulidad del Decreto 1500 de 2018, conocido como el Decreto de la Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM). Esta sentencia responde a la demanda de nulidad promovida por Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, quien paradójicamente en la actualidad ejerce como Viceministro de Promoción a la Justicia.
Uno de los fundamentos que el Consejo de Estado aduce como antecedente para declarar la nulidad es “la expedición irregular por desconocimiento del derecho a la Consulta Previa”, haciendo referencia al proceso de consulta que, según este tribunal, debió surtirse con las comunidades indígenas wayú y chimila –ette ennaka– y algunos Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras ubicadas en el polígono de la Línea Negra.
Para los pueblos indígenas de la SNSM, la demarcación de la Línea Negra, a través de un instrumento jurídico, no solo tiene relevancia cultural y espiritual, sino que se consolida como una herramienta que les permite ejercer el cuidado de este macizo montañoso y su Sistema de Espacios Sagrados, que, de acuerdo con la Ley de Origen, desde la visión indígena, se consagra como el sostén del equilibrio espiritual y material para toda la humanidad.
Como respuesta a la sentencia del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro instaló, el 5 de marzo, el proceso de Consulta Previa para proteger la Línea Negra, al que fueron convocados los pueblos arhuaco, kággaba, wiwa, kankuamo, wayú, Ette Ennaka y Taganga, así como las comunidades afrodescendientes, con la orientación de corregir los vicios de forma señalados por la sentencia y emitir un nuevo decreto de Línea Negra.
No obstante, los grandes ausentes dentro de esta convocatoria a la consulta fueron los campesinos de la SNSM, por lo cual, el 6 de marzo, a través del pronunciamiento “La Sierra Nevada de Santa Marta también es campesina”, numerosas organizaciones campesinas del Cesar, La Guajira y Magdalena elevaron su reclamo frente a la invisibilización histórica que las ha marginado de su reconocimiento como sujetos socio-territoriales de la Sierra, más aún cuando se ignora que, a través del Acto Legislativo 01 de julio de 2023, se modificó el artículo 64 de la Constitución Política, en un acto de justicia –tardía– que reconoció al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, saldando una deuda histórica y legislando sobre las garantías constitucionales del derecho al territorio y a la participación reforzada que de manera especial le asiste.
Desconocer al campesinado como actor presente y clave para la protección, el mantenimiento del equilibrio y la consolidación de la paz territorial en el corazón del mundo, es desconocer la forma y el contenido de una identidad campesina que comenzó a gestarse desde el siglo XIX, cuando gentes de diversos orígenes y bajo distintas circunstancias –entre otras, el desplazamiento a causa de múltiples violencias– llegaron a la SNSM para configurar un territorio intercultural.
¿Cómo garantizar los derechos de sujetos de especial protección y culturalmente diferenciados cuando estos pueden entrar en colisión? Es una de las ingentes tareas que enfrenta el Estado. Estudiosos del tema han insistido en la conveniencia de legislar sobre los territorios donde se reproduce la interculturalidad, en clave de prevenir conflictividades, procurando siempre la armonización de derechos de unos y otros, para lo cual será necesario que ninguno de los sujetos, ni étnicos ni campesinos, quede excluido de los espacios de diálogo y consulta, lo que infortunadamente persiste para el caso de la Línea Negra, habida cuenta de que no ha sido convidado el campesinado serrano.
Por Luz Yaruro
