En tan solo cuatro días consecutivos, tres departamentos del suroccidente colombiano vivieron la escalada terrorista más violenta de los últimos años: un saldo trágico de 20 muertos en más de 37 acciones armadas dejó varios militares y civiles heridos. Esta embestida criminal en Cauca, Valle y Nariño se atribuye a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando del peligroso criminal alias Iván Mordisco.
El accionar de los grupos violentos, que se enfrentan entre sí y contra unas fuerzas del orden que ya parecen un espejismo de lo que fueron hace algunos años, demuestra la capacidad de los ilegales para imponerse sobre la institucionalidad. Debido a estos hechos, los colombianos vivimos con un miedo profundo, una percepción de inseguridad que hacía décadas no se sentía.
Hoy Colombia transita una completa elegía: el luto de aquel breve respiro de paz que alguna vez nos permitió recorrer regiones sin temor de ser víctimas de grupos violentos que se han enseñoreado del país y la promesa del actual gobierno por lograrla para siempre. De poco sirve entregar tierras a campesinos si no existe seguridad que los proteja de los criminales que operan en los campos y proliferan en las ciudades, alimentándose como parásitos de la extorsión, el secuestro y demás actividades ilícitas que golpean sin cesar a los comerciantes. Por ello, toda la nación entona una elegía a la promesa de “paz total” que nos ofreció el gobierno de Gustavo Petro.
Desde los departamentos del Caribe, donde paramilitares se disputan a sangre y fuego territorios que antes eran rincones de paz, hasta el resto del país, se multiplican los grupos armados que actúan deliberadamente sin que exista posibilidad de ser neutralizados por las fuerzas legítimas del Estado. Estas, arrinconadas y en algunos casos absorbidas por la criminalidad, aparecen en nóminas paralelas de grupos armados, con denuncias que evidencian el compadrazgo entre organismos estatales y actores ilegales. La minería ilícita, operada incluso cerca de guarniciones militares, se convierte en fuente de financiación mientras algunos uniformados se hacen los de la vista gorda.
La violencia golpea con todas sus fuerzas a los colombianos sin distinción alguna. Ni la naturaleza escapa: los ríos son asesinados y miles de hectáreas de selva taladas por la minería ilegal, que se erige como nuevo motor económico de los criminales.
Escribir y desnudar la realidad de nuestro país ante la agonía de su pueblo es un riesgo. Los señalamientos provienen tanto de grupos ilegales como de sectores afines al Gobierno, que insisten en que “aquí no pasa nada”, que desde 2022 vivimos en la “potencia mundial de la vida”. Sin embargo, los primeros cuatro meses de 2026 registran 49 masacres y 50 asesinatos de líderes sociales, según cifras de INDEPAZ.
Son esas mismas acciones violentas las que alimentan las vallas publicitarias de candidatos que prometen combatir la criminalidad con mano firme, ganando más adeptos que quienes creen en una salida negociada al conflicto. Esa violencia que secuestra sin distinción de edades, que mantiene cautivos a ancianos y menores, como ocurre en Norte de Santander, donde ciudades como Ocaña se han acostumbrado a mensajes cotidianos de solidaridad en redes sociales por los secuestros diarios, mientras el miedo obliga a cerrar puertas y ventanas.
Mientras los motores de la política se encienden y aceleran en la carrera por la Presidencia de la República, muchos recuerdan la elegía de esa promesa de “paz total” que duró tan poco tiempo.
Por: Nerio Luis Mejía
