En Colombia, el debate tras la muerte de Kevin Arley Acosta parece haberse desviado hacia un lugar insólito: la bicicleta. Kevin tenía siete años y hemofilia A severa. Se cayó, empezó a sangrar por la nariz y por un oído, y pasó más de 24 horas esperando un medicamento que no llegó a tiempo. Su madre suplicó. La respuesta fue la misma: había que esperar la autorización de la EPS y la disponibilidad de camas. Murió poco después de ser trasladado a Bogotá. La historia, contada por BBC News Mundo, no deja mucho espacio para la interpretación: hubo diagnóstico previo, tratamiento conocido y una emergencia evidente.
Meses antes, la Procuraduría General de la Nación había advertido sobre el deterioro en el acceso a medicamentos. No fue un rayo en cielo despejado. Fue una alerta ignorada. Sin embargo, la reacción oficial puso el acento en la prevención. El presidente Gustavo Petro habló del papel de la familia; el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo recordó que a un hemofílico hay que restringirle ciertas actividades. El subtexto fue claro: si no hay caída, no hay hemorragia.
Es un argumento cómodo. Traslada la conversación del medicamento ausente a la conducta doméstica. Pero la medicina no existe para encerrar niños frágiles en una vitrina. Existe para que puedan vivir con el menor riesgo posible. Si la única garantía es prohibir la infancia, el sistema ha renunciado a su función. Kevin estaba afiliado a la Nueva EPS, intervenida en medio de la crisis financiera del sector. Gobierno y EPS se señalan mutuamente mientras los pacientes quedan en el limbo. El modelo obliga a todos a estar afiliados; no hay plan B. Cuando falla, el ciudadano no puede elegir otro camino.
