¿Cómo puede ser exagerado un salario mínimo vital de $2 millones para un trabajador por efectos del incremento del 23,7 % que decretó el gobierno nacional? Resulta paradójica la argumentación del Consejo de Estado a la hora de valorar cualquier esfuerzo por cerrar la brecha y garantizar la convivencia social, sostienen sectores de opinión.
Lo decretado está en pie, ratificó en alocución presidencial el jefe de Estado, Gustavo Petro, citando el artículo 53 de la Constitución y la Sentencia C-815 de 1999, normas que soportan el salario mínimo vital y móvil, acorde con la realidad económica del país y prevalente en la protección del trabajo, actuación avalada por la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
Un salario móvil vital debe ser dignidad para el trabajador que construye la riqueza con hambre y desnutrición, escenario en el que el jefe de Estado fustigó al Banco de la República por los daños económicos que ocasiona al aplicar tasas de interés que inciden en la revaluación del peso y le quitan competitividad a las exportaciones.
Desde el gobierno se invoca para este jueves la movilización social en aras de contrarrestar un auto que, a juicio del jefe de la cartera de Trabajo, vulnera el artículo 53 de la Constitución, los tratados ratificados por Colombia, los estándares de la OIT y el Estado Social de Derecho. Bien anota Charles Warner que la opinión pública es más fuerte que la legislatura, o lo que es igual, la movilización social.
Para el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la decisión del Consejo de Estado tiene un trasfondo político con el agravante de que, cada vez que un alto tribunal toma una decisión de este tipo, se hace más evidente el bloqueo institucional que ralentiza los procesos y profundiza la injusticia social.
Y pensar que el peor enemigo del hombre no es el hombre, sino el hambre, proverbio chino que dista de la desinformación que vienen pregonando ciertos sectores del gran capital en torno al salario mínimo vital; alocución presidencial que también reprocha la desinformación de especular con el mínimo vital, dizque estaría desatando una oleada de alza de precios y un desempleo mayúsculo, alarmismo que ahonda la brecha social por inequidad salarial.
En criterio del gobierno, la actuación de la máxima instancia contenciosa del país, además de ser “precipitada, nefasta e indignante” para los trabajadores, choca con las nuevas teorías económicas que valoran la capacidad de exportar como fuerza laboral y activo más importante de una empresa o país en vía de desarrollo, lo que es viable con buenos salarios que estimulan la producción.
Al calor del decreto transitorio con ajuste de variables económicas, el presidente Gustavo Petro planteó que el salario mínimo vital en Colombia debería ubicarse en $2.155.000 mensuales, propuesta que se fundamenta en un estudio presentado por el economista Daniel Ossa, profesor de la Universidad de Denver, sobre la relación entre productividad laboral y salario real en el país.
Según el análisis citado por el mandatario, desde 2002 se habría producido una separación entre el crecimiento de la productividad laboral y el salario real, en contravía de lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-187 de 1999.
De acuerdo con esa línea argumentativa, mientras la productividad ha mostrado incrementos sostenidos, los salarios no han crecido en la misma proporción, lo que habría generado una brecha acumulada entre el esfuerzo productivo y la remuneración de los trabajadores.
El jefe de Estado sostuvo que, si se busca cerrar esa brecha histórica, el salario mínimo vital debería alcanzar los $2.155.000 mensuales, como una medida orientada a equilibrar productividad y poder adquisitivo.
Por Miguel Aroca Yepes.
