Hay historias que desconciertan, no por lo que cuentan, sino por lo que dejan entrever. Y ascensos que inspiran, y otros que intrigan. El de Juliana Guerrero pertenece, sin duda, a la segunda categoría: un ascenso vertiginoso que no se explica por la densidad del currículo ni por la contundencia del verbo, sino por esos vericuetos poco confesables del poder donde lo improbable se vuelve cotidiano.
Se trata de una joven mujer oriunda del municipio de Codazzi, en el departamento del Cesar, que inexplicablemente escaló en forma extraña en el gobierno de Gustavo Petro. En la podredumbre de las élites políticas se presentan escenarios sórdidos de intercambio de todo tipo. Por lo general, los políticos con algo de alcurnia abusan de jóvenes arribistas. Petro, desde luego, no es gobernante de linaje; el ministro Benedetti, sí, pero ahora señorea en escenarios de populismo. Un personajillo que hace décadas usufructúa el bienestar de los privilegiados.
El episodio reciente que rodea a Juliana Guerrero encaja en esa categoría. No por su origen —que nunca debería ser obstáculo—, sino por la fragilidad de los atributos que, en teoría, justifican su llegada a las esferas más exigentes del Estado. Porque gobernar no es improvisar, ni administrar lo público es un curso acelerado de aprendizaje institucional.
No se trata de cuestionar el origen ni la juventud —faltaría más—, sino de preguntarse con honestidad cómo alguien sin una formación académica robusta ni una capacidad discursiva especialmente persuasiva termina ocupando espacios de alta responsabilidad. La política debería ser exigente, no excluyente; rigurosa, no improvisada. Y, sin embargo, episodios como este sugieren que los filtros fallan… o se relajan convenientemente. El reflejo de una política que premia la velocidad del ascenso sobre la solidez del mérito.
La exposición mediática de Guerrero ha sido, cuanto menos, desproporcionada. No por sus aportes, sino por la controversia que la rodea. Y ahí emerge otro elemento incómodo: el espectáculo. Porque cuando la política se convierte en narrativa de escándalo, los argumentos pierden terreno frente a los gestos, las imágenes, incluso los silencios calculados.
Pero la responsabilidad no es solo individual. El presidente Gustavo Petro ha insistido en rodearse de figuras que parecen más fruto de la coyuntura que de una evaluación rigurosa. Lo alternativo no puede ser sinónimo de lo precario.
En ese mismo entramado aparece el ministro del Interior, Armando Benedetti, un veterano que conoce —quizá demasiado bien— los engranajes del poder. Su actuación deja una pregunta incómoda: ¿descuido, cálculo o simple tolerancia? En política, las omisiones también son decisiones.
Desde el punto de vista jurídico, el asunto no es menor. La imputación por fraude procesal sugiere la utilización de artificios para inducir en error a la administración y obtener un acto administrativo favorable. Traducido sin toga: construir una apariencia de legalidad donde no necesariamente la había. Y eso, en un Estado de derecho, no es un detalle técnico; es una grieta.
A ello se suma la intervención de la congresista Jennifer Pedraza. Su papel de control político es legítimo, pero su tono parece deslizarse hacia un terreno donde la denuncia se mezcla con el cálculo. Cuando la crítica pierde sobriedad, también pierde fuerza.
La escena final no es menor: una imputada —con rostro sereno y el pesar que la identifica— dijo que no aceptaba cargos para enfrentar eventuales consecuencias penales, mientras el poder administra tiempos y silencios. Y en paralelo, la sensación de que nadie actúa con la premura que exigiría la gravedad del caso.
La Guerrero parece ingenua pero no lo es —aunque sea costeña provinciana—, porque a sabiendas se inmiscuyó en un ambiente para el que no estaba preparada, y así se metió en el embrollo como profesional sin serlo y presuntamente propició la expedición de documentación ideológicamente falsa para alcanzar el cargo de viceministra. Petro, por displicente seguramente, no estaba al tanto; Benedetti, quizá al principio, tampoco; posteriormente se enteró y no adoptó medidas a tiempo para parar la bola de nieve, sino que asumió el escenario como politiquero y obstinadamente porfió en mantenerla en esos enrarecidos ambientes de poder. Y el mandatario, por su soberbia personal, ha permitido que continúe representándolo en el Consejo Superior Universitario de la UPC.
Al final, lo preocupante no es solo el caso. Es la naturalidad con la que se asume. Como si la política hubiera rebajado sus estándares hasta convertir la excepcionalidad en rutina. Es el sistema que permite o tolera estos episodios. Es la normalización de trayectorias infladas, la indulgencia institucional, la tardanza en corregir lo evidente.
Al final, Juliana no es una anomalía: es un síntoma. Y mientras sigamos analizando los síntomas como si fueran casos aislados, la enfermedad seguirá intacta, sonriente y perfectamente instalada en el corazón del poder. ¡Qué horror!
Por: Hugo Mendoza
