Hace más de un año propuse en esta columna crear una Mesa del Espacio Público, advirtiendo que en Valledupar las intervenciones parecen más un ejercicio de autoridad que una solución definitiva. El cierre del balneario Hurtado, socializado el 21 de julio por la Secretaría de Gobierno, confirma aquella advertencia.
Que nadie se equivoque, la recuperación del Guatapurí no admite discusión. Hay una acción popular del Tribunal Administrativo, hallazgos de Corpocesar, 2.500 metros de terrazas ilegales sobre el cauce, vertimientos sin control y hasta venta de droga. Un río enfermo termina matando también la economía que vive de él. El comercio organizado debe ser el primero en defenderlo.
Pero el decreto prohíbe el ingreso “mientras duren las obras”, sin cronograma, sin plan de inversiones y sin fuente de financiación conocida. Del otro lado hay 600 familias, 162 carpas, más de 150 vendedores diarios y toda una cadena de proveedores, restaurantes y turismo vallenato condenados a la incertidumbre. Cerrar sin plan no es resolver el problema, es trasladarlo a otros lugares.
