La expresión, como mandatario de un país, cuando se expresa “hago lo que me da la gana”, encierra una carga política y filosófica profunda, y casi siempre problemática. No se trata solo de una frase arrogante muy usada por cualquier arbitrario de estos tiempos que amenaza como dueño del poder, como lo hace el usurpador perverso que ha de castigar con el silencio a quien se interponga a su dominio; es esta una declaración que revela una concepción específica del poder, del Estado y de la relación entre gobernante y gobernados.
En las democracias constitucionales, el poder del gobernante está limitado por la ley, por la separación de poderes y por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Decir “hago lo que me da la gana” implica desconocer esos límites y asumir que la autoridad deriva de la fuerza, del carisma o de una supuesta legitimidad superior. Esta postura es característica de personas y regímenes autoritarios o populistas, donde el líder se presenta como salvador, intérprete exclusivo del pueblo y juez de lo que es correcto o necesario, incluso por encima de las normas.
Desde el punto de vista filosófico, esta expresión refleja una confusión entre poder y voluntad que se aprovecha para actuar según su capricho, sustituyendo la razón pública por el deseo personal, desconociendo que un buen gobierno es aquel regido por leyes, no por hombres; cuando gobierna la voluntad individual, el régimen degenera en tiranía. Actuar “como me da la gana” es, en esencia, negar la moralidad del acto político.
Cuando la voluntad del gobernante se impone sin justificación racional ni control institucional, el Estado deja de ser un espacio de derecho y se convierte en una extensión del ego del poder.
En síntesis, decir como mandatario “hago lo que me da la gana” no es una simple frase coloquial: es la afirmación de un poder sin freno, de una política sin ética y de una filosofía que confunde gobernar con mandar, autoridad con dominación, y liderazgo con imposición.
Cuando digo que “hago lo que me da la gana” es porque me deshice del derecho a elegir, y quien pierde este derecho pierde la libertad, y quien pierde la libertad queda, de hecho, sentado en el totalitarismo y en la ruina filosófica del poder, pues la angustia de que habla Kierkegaard en “el concepto de la angustia” ya no precede al error, ni al pecado, sino al libertinaje.
Decía Nietzsche que solamente hay un derecho humano básico: el derecho a hacer lo que le plazca, pero de aquí nace también un deber implícito de cargar con los resultados derivados bien sean buenos o malos de ese quien en sus manos maneja la arbitrariedad de hacer “lo que le dé la gana” en la búsqueda de lograr sus fines absurdos que permitan la continuidad en el poder.
En sentido político, cuando a un presidente de un país no se le aprueba una reforma en el Congreso y decide intentar avanzar por otros caminos —como decretos, facultades administrativas, consultas populares o reinterpretaciones normativas— no necesariamente está “haciendo lo que le da la gana”, pero sí está tensionando los límites del sistema democrático. En una democracia constitucional, el Congreso es el órgano encargado de deliberar y aprobar las reformas estructurales. Cuando ese órgano dice “no”, el mensaje institucional es claro: la propuesta no alcanzó consenso político suficiente. Buscar caminos alternos puede ser legítimo solo si esos caminos están previstos por la Constitución y la ley. Si no lo están, o si se usan para vaciar de contenido la decisión del Legislativo, entonces el acto se aproxima peligrosamente a una voluntad personalista del poder.
Cuando un mandatario interpreta el rechazo como un obstáculo ilegítimo —o como una traición al “pueblo” que dice representar— comienza a deslizarse hacia la idea de que su voluntad es superior a los procedimientos. Ahí ya no gobierna la ley, sino el propósito.
En conclusión, un gobierno no “hace lo que le da la gana” por el simple hecho de buscar alternativas, pero sí corre el riesgo de hacerlo cuando convierte su voluntad política en criterio superior a la ley y a las instituciones, y a la calamidad pública en conflicto político frente a la oposición que deba existir.
La democracia se mide por el respeto a los límites. Cuando esos límites se desconocen, el poder deja de ser gobierno y empieza a parecer mandato. ¡Mucho ojo!
Por Fausto Cotes N.
