En el ejercicio de mi profesión como médico especialista en cirugía general, me tocó enfrentar situaciones engorrosas y peligrosas, diferentes a las vivencias que tuve en la prestación de servicios médicos a instituciones públicas y a facciones al margen de la ley, tales como las guerrillas y los paramilitares.
Cuando finalicé el segundo año de la especialización en cirugía general en la Universidad del Valle, de la ciudad de Cali, tuve que viajar a Bogotá a renovar el contrato de la Comisión de Estudios que me otorgó el Instituto de los Seguros Sociales (ISS), para cursar el último año de la especialización con licencia no remunerada por un año. En el aeropuerto El Dorado, me encontré con un grupo de personas de Valledupar, en cuya conversación comentaban que la sede de la Clínica Valledupar la estaban construyendo con dinero proveniente del narcotráfico. Los contertulios no sabían que yo era uno de los socios de la clínica y, mientras revelaban más pormenores del supuesto lavado de activos, opté por guardar silencio.
Entonces, me comuniqué con colegas socios de la clínica, que me explicaron que todo era una confusión, debido a que un avión que transportaba narcóticos aterrizó de emergencia en Valledupar y sus tripulantes sufrieron quemaduras graves. En la Clínica Valledupar recibieron la atención médica. Este acontecimiento, malentendido, afortunadamente, fue esclarecido por las autoridades pertinentes.
