Al decir de José Manuel Marroquín en su poema ‘La perrilla’, “es flaca sobre manera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera”. Pues bien, contra todo pronóstico, el presidente Gustavo Petro, mediante el Decreto 1469, expedido el pasado 29 de diciembre, reajustó el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 en el 23,8 %, el máximo desde 1993 que fue del 25 %, superando con creces el rango en el que se movieron las propuestas de los empleadores, del 7,21 % y de las centrales obreras, del 16 %. Para ello adujo el presidente Petro que “el salario mínimo vital debe ser un salario vital familiar, que permita vivir con dignidad y no sólo sobrevivir”.
El salario mínimo para el 2026 se fijó en $1.7746.882, al cual se le viene a sumar el auxilio de transporte, de $253.118, para un consolidado de $2.000.000. No obstante, cuando se le suman los desembolsos que debe hacer el empleador por concepto de seguridad social y prestaciones sociales se eleva hasta los $2.975.614.
Desde luego, el salario mínimo debe crecer, como mínimo, en línea con la inflación causada, para evitar la pérdida del poder adquisitivo. Pero su incremento real solo es sostenible cuando está respaldado por aumentos en la productividad del trabajo. Pretender resolver problemas estructurales de pobreza y desigualdad exclusivamente mediante incrementos salariales es desconocer las limitaciones del mercado laboral colombiano y la elevada proporción de trabajadores que ni siquiera devengan el salario mínimo.
