En Colombia existe una crisis social que los gobiernos maquillan y ocultan a su conveniencia. Según cifras reveladas por el DANE, de acuerdo al informe del mercado laboral, nos indican que aproximadamente 3.216.000 colombianos se encuentran desempleados, 5.7 millones de connacionales logran obtener el ingreso para su subsistencia de la actividad informal y actualmente mucho más de 16 millones de compatriotas se encuentran en medio de las nefastas y deplorables situaciones que genera la pobreza.
Bajo este panorama desolador, se presenta una gran amenaza, el COVID-19, una pandemia que amenaza la salud pública, integridad y subsistencia de las personas. El Gobierno nacional se vio en la necesidad de implementar medidas de choque contundentes para prevenir su contagio a través de la cuarentana obligatoria en el territorio nacional con el agravante de la difícil situación económica y social de millones de colombianos que ante las medidas se le imposibilita ganarse el sustento.
Ante esta realidad se decreta el estado de emergencia y se promulgan otros decretos que garantizan a las personas vulnerables contar con subsidios y ayudas que le aseguren mitigar su precaria situación, alcaldes y gobernadores proceden en la misma línea y muchos optan por decretar la urgencia manifiesta para tener los elementos, facilidades y la agilidad en la contratación que les permita salvaguardar la vida y coadyuvar en el sustento de las familias vulnerables, permitiendo con ello el cumplimiento del aislamiento.
