Esta semana se produjeron tres hechos desde el Ministerio de Agricultura que, vistos en conjunto, revelan una preocupante deriva: la ideologización de la política pública rural, en detrimento del rigor técnico que exige el manejo del campo colombiano.
El primero de ellos es la utilización de recursos públicos con fines políticos. En un video difundido masivamente en redes sociales, la cabeza de la cartera agropecuaria anunció la “destinación de 52.000 millones de pesos para la compra de fertilizantes, que serán entregados a 108.000 productores en 421 municipios para proteger ingresos, fortalecer la productividad y anticiparse a la crisis climática”.
El anuncio, aunque llamativo, es profundamente problemático por al menos tres razones. Primero, cerca del 90 % de los recursos provienen del Fondo de Estabilización de Precios, es decir, de aportes realizados por los propios cafeteros. No se trata de un esfuerzo fiscal estructural del Estado, sino de la redistribución de recursos parafiscales del sector, presentada políticamente como un logro gubernamental. Segundo, se confunde el diagnóstico: el principal riesgo climático que enfrenta hoy la agricultura es el estrés hídrico, y ese problema no se soluciona con fertilizantes, sino con agua. Tercero, los recursos públicos deben asignarse con criterios técnicos, transparentes y verificables, no con criterios políticos y mucho menos en un contexto preelectoral.
