Petro infiltró las instituciones gubernamentales que tienen alguna relación con la seguridad ciudadana. Nombró camaradas del M19 en la UNP, en la UIAF, en Migración y en la DNI. Expulsaron al grueso del personal técnico que en ellas había y nombraron personas que no tenían conocimiento o experiencia pero que les aseguraban lealtad ideológica y complicidad.
Una de las entidades más duramente golpeadas ha sido la Unidad Nacional de Protección. Con el doble ánimo de amarrar a sus camaradas dentro de la institución y de aumentar su cauda para las elecciones, el gobierno expidió un par de decretos, el 19 y el 20 de 2026, que son gravísimos. Pretenden desplazar al personal profesional y especializado e insertar de manera permanente a los camaradas —improvisados, inexpertos, sin experiencia y de ninguna manera confiables— que han ido introduciendo dentro de la institución, de manera que el próximo gobierno encuentre un hecho cumplido y no pueda ni recuperar el personal profesional perdido ni reemplazar a los camaradas recién nombrados. Es una operación parecida a la que han venido realizando en otras instituciones gubernamentales: rebajar la calidad y experiencia exigida para los cargos para poder nombrar fulanos que no tienen mérito alguno, pero les son política e ideológicamente leales.
Ocurre que, sin embargo, la protección personal es una función especializada, técnica y excepcional que se activa cuando existe riesgo individualizado y extraordinario. En consecuencia, la protección personal no admite estándares mínimos; exige idoneidad reforzada porque si falla tiene consecuencias directas e inmediatas sobre la vida. Eliminar o disminuir los estándares mínimos exigidos al personal de protección, como quiere el gobierno, es inconstitucional e ilegal y, de hecho, no solo atenta contra el cumplimiento de la función de protección sino que, peor, pone en peligro a los ciudadanos amenazados.
Los decretos 19 y 20 reducen requisitos, reducen la idoneidad técnica, precarizan condiciones laborales, excluyen al personal experto, permiten la vinculación sin concurso y amplían el margen de la discrecionalidad administrativa de los nombramientos. Y, en un contexto electoral, politizan a la UNP, debilitan el servicio de protección, incrementan el riesgo para personas protegidas y afectan a la oposición, a las instituciones (Congreso, jueces, etc.) y a los líderes sociales que deben ser protegidos.
Lo que quiere hacer Petro en la UNP es aún peor y más grave que lo que ya viene haciendo en otras entidades gubernamentales. Hay que demandar en los tribunales los decretos y expedir una ley que, por un lado, proteja la institución y al personal calificado de la UNP de las arremetidas y la manipulación de la izquierda extrema y, por el otro, reconozca su calidad de alto riesgo y asegure los ingresos, el bienestar y la estabilidad que merece ese personal.
Por: Rafael Nieto Loaiza
