Yo distingo dos tipos de riesgo: el uno inmanente, estructural, y el otro inminente. Este último, a su vez, tiene dos componentes. Veamos. En cuanto al primero, aludo a la vulnerabilidad de la matriz eléctrica frente a fenómenos extremos como El Niño, habida cuenta de que el 58 % de la capacidad instalada de generación es hídrica y, por lo tanto, está expuesta a condiciones de hidrología crítica que comprometen su operatividad. Tanto más en cuanto que, de los veinticuatro embalses que les sirven a las centrales de generación, solo uno de ellos, El Peñol —que le sirve a Guatapé—, tiene una capacidad de regulación de más de un año; los demás, a lo sumo, solo cuatro meses.
Esta vulnerabilidad pudo haberse mitigado de haberse cumplido el compromiso adquirido por parte del presidente Gustavo Petro de integrar a dicha matriz 6 GW de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), entre eólica y solar-fotovoltaica. Como se recordará, entre los años 2019 y 2021 se asignaron 2.400 MW a instalarse en 16 parques eólicos en La Guajira; los primeros de ellos han debido entrar en operación en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno. El avance en renovables se reduce a los 1.874,79 MW en operación en granjas solares.
En cuanto al riesgo inminente, hablemos primero del déficit de la Oferta de Energía en Firme (OEF). Como lo ha informado XM, existe en este momento un desbalance entre la oferta y la demanda de energía. Se está presentando un déficit de OEF para 2026 del 2,2 %, que representa aproximadamente entre 250 y 300 MW de capacidad firme faltante, equivalente a todo el consumo de una ciudad como Bucaramanga.
