La división de poderes en tres ramas concebida por Montesquieu para el funcionamiento de la democracia ha sido revaluada por fuerza de los acontecimientos y por las falencias conceptuales e intereses particulares. Aceptando que el poder viene del pueblo, los órganos ejecutivo y legislativo podrían considerase delegados por el soberano; pero el falsamente llamado “tercer poder”, es de facto porque no viene del soberano, sino de una mecánica perversa diseñada entre el ejecutivo y el legislativo para su propio usufructúo.
Las llamadas altas cortes tienen un origen espurio que, con frecuencia, no responden a los intereses de la Nación y sí a los de sus nominadores; por eso, muchas de sus decisiones no se tomarían en derecho, nuestra Constitución y nuestras leyes son una telaraña de conceptos impregnados de un santanderismo anacrónico y sesgado, ubicado por encima de las realidades fácticas donde vale más un rebuscado párrafo que una necesidad vital; la inexequibilidad del decreto que creaba la emergencia económica en La Guajira y el que imponía unos impuestos a la explotación del carbón en boca de mina, son muestras patéticas de esta aberración.
Recordemos el llamado “cartel de la toga” que negociaba decisiones clave para absolver a ciertos personajes de la política colombiana, práctica que aún parece no ha desaparecido. En ciertos fallos de las altas cortes a uno le queda la sensación de que existieran varios raceros para medir un mismo delito. Varios senadores del Pacto Histórico perdieron sus credenciales por supuestamente practicar la doble militancia igual que varios concejales y alcaldes del país; sin embargo, a dos gobernadores del Cesar, del mismo grupo e igual chequera, por iguales circunstancias los absolvieron; el más reciente parece ser el más evidente, nada pasó.
