Los estudiantes, docentes y egresados que enlodaron a la Universidad Popular del Cesar comprando votos y constriñendo durante la consulta para designar rector, deberían estar presos o expulsados del alma mater, porque con esos actos delincuenciales demuestran que les importa un rábano la UPC. Ahí debe actuar la Fiscalía.
Seguramente unos que otros puritanos saldrán a decir que eso no pasó, que todo transcurrió con normalidad y ya fueron seleccionados cinco candidatos de los cuales uno será el rector.
“En esas elecciones hubo de todo para acaparar los votos y hasta hay videos muy sospechosos de una docente a quien acusan de estar obligando a unos estudiantes a votar por un candidato o le ponían mala nota”.
Se recuerda que la Universidad Popular del Cesar celebró el pasado jueves una elección con la participación de estudiantes, docentes y egresados para seleccionar los primeros cinco candidatos y de allí el Consejo Superior Universitario (CSU) escogerá al rector.
El certamen electoral se desarrolló en el interior del parque La Vallenata y Bellas Artes y al final fueron escogidos 5 de los 25 inscritos: José Sierra, Delwin Jiménez, Guillermo Echavarría, Álvaro Iglesias y César Galindo. Uno de ellos será el próximo rector para el periodo 2026 – 2030. El nuevo rector deberá ser elegido el próximo 9 de marzo.
¿Fue tan honesto el proceso de escogencia? No, nunca. No lo fue porque desde bien temprano varios docentes y estudiantes vieron escenas de compraventa de votos. Muchas de las logísticas de los candidatos fueron vistas escondiendo, ocultando y reservando paquetes con votos y camuflados en carros con vidrios polarizados. Dichos casos no fueron penalizados por las autoridades porque no había policías ni autoridades de la universidad.
Varios estudiantes que ejercieron su derecho al voto denunciaron que a ellos los llamaban insistentemente por celular de varios números para comprarles los votos en $50.000 y $60.000.
Varios estudiantes y egresados dieron a conocer los números desde los cuales los llamaban presuntamente. Dicen que recibieron hasta 15 llamadas ofreciéndoles plata y transporte. También recibían correos electrónicos y garantizaban pagar el voto por Nequi.
Se reprocha la actitud de la venta del voto por parte de los estudiantes porque contrasta con la condición que tiene una universidad que está al servicio de la democracia, de la libertad y el conocimiento.
Queda ahora la segunda parte de este proceso de designación del nuevo rector que reemplace al cuestionado actual, a quien la Contraloría le ha abierto varias investigaciones por irregularidades en el manejo de los recursos económicos de la UPC.
Lo desagradable y poco transparente fue la candidatura del señor Guillermo Echavarría quien, siendo miembro actual del Consejo Superior Universitario en representación de los docentes, renunció y se postuló a la rectoría, aportando documentos que han sido calificados como no válidos; dicen que es el candidato del actual rector (quién recomienda a quién).
Como dijo un docente: “¿Con qué cara un estudiante, un profesor o un directivo mira la cara del elegido si él mismo ayudó a defraudar a la Universidad Popular del Cesar?”
Queda ahora, repito, la parte política tradicional y de vergüenza para el país. Escoger sin constreñimiento, sin que ninguno de los consejeros se venda por $50 o $100 millones. Mucho menos por la cuota para una casa, como ya sucedió en el pasado.
Que el elegido sea honesto, receptivo, probo, preferiblemente apolítico y que seriamente vaya a trabajar por la UPC, a lograr la formalización docente y administrativa y a recomponer y sellar las fugas de millones que han hecho ricos (léase multimillonarios) a varios de los últimos rectores.
Hasta la próxima semana.
Por Aquilino Cotes Zuleta/ tiochiro@hotmail.com
