La Oficina de Inmigración Colombia en diferentes seccionales del país, adelanta un organizado censo a los hermanos del vecino país de Venezuela; problema originado por un descontrol social, provocado por el gobierno de Maduro. Muchos de ellos se han dedicado a delinquir y a la prostitución, otros a vender caramelos, agua, también ejercen como malabaristas en los semáforos.
El censo consiste en almacenar información personal para luego regular, controlar y sancionar cualquier brote delictivo que pueda presentarse con la concurrencia de venezolanos; pero la medida va y debe ir más allá, toda vez que abarca el despertar de la hermandad y que propicien un tratamiento justo, respetuoso y oportuno, que haga posibles garantías de una mejor estabilidad, menos tortuoso y lo mejor consolidar estrategias de corresponsabilidad.
Este censo también permitirá resolver conflictos pensados en conjunto, ordenados y coordinados; problemas palpables que tienen origen en causas y factores comunes, tales como el hambre el desabastecimiento de este país, en materia de alimentos y medicamentos. Lo que hace el gobierno colombiano, no es otra cosa que compartir una necesidad que resulta preocupante; pero el objetivo esencial es encontrar un enfoque diferencial que potencie resultados, un paso significativo en la dirección correcta. La postura que ha asumido el presidente Santos ante el escenario delincuencial que se presenta por los venezolanos, debe ajustarse a fórmulas de entendimiento que nos permitan conocer las personas que conviven en sociedad con nosotros y así salir adelante, sorteando las dificultades en materia de seguridad, que es lo que más nos preocupa.
