El panorama político que empieza a trazarse de cara a las elecciones territoriales de 2027 exige una pausa con parsimonia para examinar, con sentido muy crítico y sin complacencias, el estado de nuestra democracia local. Tras ser testigos vivos de la dinámica institucional del último cuatrienio en las alcaldías, la Gobernación, los concejos y la Asamblea Departamental, resulta ineludible formularnos una pregunta para poder cavilar o elucubrar: ¿hasta cuándo permitiremos que una suerte de ley sálica implícita continúe rigiendo el acceso al poder público en nuestra tierra?
Aunque la magnánima consecución de la Gobernación del Cesar representó un hito histórico de apertura democrática, la lectura integral de las cifras retrata un panorama severamente desequilibrado. En un departamento integrado por 25 municipios, la presencia de solo dos alcaldesas evidencia un magro 8 % de representación ejecutiva local. En la Asamblea Departamental la realidad no es más halagüeña, pues la presencia femenina se redujo a una sola curul, obtenida además por vías de control jurídico y no por el cauce directo de las urnas. La situación en Valledupar alcanza matices aún más desalentadores: la capital jamás ha elegido democráticamente a una alcaldesa y su Concejo Municipal carece en la actualidad de liderazgos femeninos que representen la voz y las aspiraciones de las bases populares.
La democracia, empero, no puede conformarse con abrir las puertas de la participación electoral para después mantener entreabiertas las del poder. No basta con que nuestras mujeres concurran a las urnas, ocupen espacios administrativos o sean convocadas como acompañantes de proyectos políticos ajenos; es necesario que sean protagonistas de la deliberación, de la representación y del gobierno. Una democracia que acostumbra a las mujeres a elegir, pero rara vez a ser elegidas, termina convirtiendo la igualdad política en una declaración retórica antes que en una realidad.
