Asistí, como ciudadano atento y profundamente interesado en el devenir de mi ciudad, a la presentación del informe Valledupar Cómo Vamos en el salón Yui del Hotel Sicarare. Debo confesar que, antes incluso de escuchar la primera cifra, hubo un hecho que me inquietó con mayor fuerza que cualquier indicador: la ausencia casi absoluta de la dirigencia política. No vi precandidatos a la alcaldía ni a la gobernación; apenas un diputado hizo presencia. Los concejales —amparados en una sesión de control político— tampoco estuvieron, aunque la intuición sugiere que, aun sin ella, muchos habrían optado por la ausencia. Tampoco hubo rastro de congresistas (actuales y electos). Resulta desconcertante —y, en cierto modo, alarmante— pretender gobernar una ciudad sin escuchar, de primera mano, lo que sus datos y su gente están diciendo.
Y lo que dicen es, sin eufemismos, inquietante.
El informe, caracterizado por su rigor analítico y exhaustividad, evidencia una realidad inexorable: Valledupar padece una precariedad estructural, persistente y en fase de expansión. La incidencia de la pobreza monetaria ha transitado de un 36,5 % en 2015 a un umbral cercano al 47,5 % en 2024, coexistiendo con índices de indigencia que permanecen en niveles críticos. Más allá de la frialdad estadística, subyace un indicador de profunda severidad social consistente en que aproximadamente el 45 % de los hogares se ve obligado a limitar su ingesta alimentaria a dos o menos raciones diarias. En última instancia, se constata la existencia de un tejido urbano donde un segmento mayoritario de la ciudadanía se halla confinado a la subsistencia, despojado de las condiciones mínimas para un desarrollo vital digno. La evidencia de una ciudad donde una parte significativa de su población sobrevive, pero no vive.
