Asistí, como ciudadano atento y profundamente interesado en el devenir de mi ciudad, a la presentación del informe Valledupar Cómo Vamos en el salón Yui del Hotel Sicarare. Debo confesar que, antes incluso de escuchar la primera cifra, hubo un hecho que me inquietó con mayor fuerza que cualquier indicador: la ausencia casi absoluta de la dirigencia política. No vi precandidatos a la alcaldía ni a la gobernación; apenas un diputado hizo presencia. Los concejales —amparados en una sesión de control político— tampoco estuvieron, aunque la intuición sugiere que, aun sin ella, muchos habrían optado por la ausencia. Tampoco hubo rastro de congresistas (actuales y electos). Resulta desconcertante —y, en cierto modo, alarmante— pretender gobernar una ciudad sin escuchar, de primera mano, lo que sus datos y su gente están diciendo.
Y lo que dicen es, sin eufemismos, inquietante.
El informe, caracterizado por su rigor analítico y exhaustividad, evidencia una realidad inexorable: Valledupar padece una precariedad estructural, persistente y en fase de expansión. La incidencia de la pobreza monetaria ha transitado de un 36,5 % en 2015 a un umbral cercano al 47,5 % en 2024, coexistiendo con índices de indigencia que permanecen en niveles críticos. Más allá de la frialdad estadística, subyace un indicador de profunda severidad social consistente en que aproximadamente el 45 % de los hogares se ve obligado a limitar su ingesta alimentaria a dos o menos raciones diarias. En última instancia, se constata la existencia de un tejido urbano donde un segmento mayoritario de la ciudadanía se halla confinado a la subsistencia, despojado de las condiciones mínimas para un desarrollo vital digno. La evidencia de una ciudad donde una parte significativa de su población sobrevive, pero no vive.
En paralelo, el informe describe una transición demográfica que, en teoría, podría ser auspiciosa. La reducción de la natalidad —cercana al 37,5% en una década— y el aumento de la población en edad productiva configuran lo que la literatura económica denomina un “bono demográfico”: una ventana de oportunidad donde más personas pueden trabajar y menos dependen de ellas. Bien gestionado, este fenómeno impulsa el crecimiento, eleva el ingreso y transforma sociedades.
Pero Valledupar no está capitalizando ese bono. Por el contrario, lo está dilapidando.
La razón es palmaria y evidente: no basta con tener población en edad de trabajar; es indispensable ofrecerle condiciones para hacerlo con dignidad. Y allí es donde el sistema falla. La pobreza, la deserción escolar, la caída en la cobertura educativa —que hoy ronda el 85%— y el limitado acceso a herramientas tecnológicas configuran un escenario adverso. Jóvenes que abandonan las aulas ingresan prematuramente a un mercado laboral precario, perpetuando un ciclo que socava la movilidad social.
Ese ciclo encuentra su expresión más visible en la informalidad. Aunque el informe no la cuantifica directamente, su sombra atraviesa toda la estructura económica local. Una economía donde el 87% del valor agregado proviene del sector servicios —en gran medida de baja sofisticación— es una economía vulnerable, dependiente del rebusque y escasamente productiva. La ecuación es tan sencilla como preocupante: alta pobreza más una economía terciaria poco diversificada produce empleo informal, y este, a su vez, reproduce la pobreza. Se configura así un círculo vicioso, sistemático o repetitivo: más población en edad de trabajar sin empleo formal deriva en informalidad; la informalidad genera bajos ingresos; y los bajos ingresos consolidan la pobreza. Romper este ciclo exige algo más que crecimiento económico; requiere transformación estructural.
A ello se suman brechas profundas que fragmentan la ciudad. Los estudiantes urbanos superan sistemáticamente a los rurales; los colegios privados a los públicos; los estratos altos a los bajos. La pobreza multidimensional se concentra en territorios específicos, configurando verdaderos mapas de desigualdad. Valledupar no es una ciudad homogénea, hay un mosaico de realidades dispares que demandan intervenciones focalizadas y no respuestas genéricas. Y mientras tanto, la caída de la natalidad anticipa un envejecimiento progresivo. Si no se corrige el rumbo, en el futuro habrá menos personas sosteniendo a más dependientes, en un contexto de baja productividad y alta informalidad. No es, entonces, un problema demográfico; es, en esencia, un problema de aprovechamiento del capital humano.
Lo más preocupante es que, pese a este panorama, persiste un discurso oficial que insiste en que la ciudad va por buen camino. La evidencia sugiere lo contrario. Valledupar no está avanzando al ritmo que sus desafíos exigen. Está, más bien, perdiendo una batalla silenciosa: la de garantizar condiciones mínimas de dignidad y oportunidad para su gente.
Las nuevas generaciones, lejos de encontrar un horizonte de progreso, enfrentan un escenario de restricciones crecientes. Y cuando una ciudad pierde a su juventud —no en número, sino en posibilidades— compromete inevitablemente su futuro.
Por: Jesús Daza Castro
