El aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro para 2026 ha sido presentado como un triunfo social sin precedentes. Con un incremento histórico que eleva el ingreso mínimo a cerca de dos millones de pesos mensuales (incluido el auxilio de transporte), el Gobierno afirma estar saldando una deuda con los trabajadores. La pregunta es inevitable: ¿estamos ante una política de dignificación laboral o frente a una bomba económica de tiempo retardado?
Para millones de colombianos que viven con el salario mínimo, la noticia suena a alivio. En un país donde la inflación ha golpeado con fuerza la canasta básica, ganar más parece, en principio, una medida justa. Más ingreso implica más consumo, más capacidad de pago y, en teoría, una reducción de la desigualdad. Desde esa óptica, el aumento se vende como justicia social.
Sin embargo, la economía no funciona solo con buenas intenciones. Un incremento salarial de esta magnitud, muy por encima de la productividad y de las recomendaciones técnicas, genera tensiones reales. Las pequeñas y medianas empresas que sostienen gran parte del empleo formal enfrentan mayores costos laborales que no siempre pueden absorber. El resultado puede ser el contrario al prometido: despidos, menos contrataciones y mayor informalidad.
El riesgo inflacionario tampoco es menor. Si los salarios suben sin un crecimiento equivalente de la producción, los precios tienden a ajustarse. Es decir, el mismo trabajador que hoy celebra el aumento puede encontrarse mañana pagando más por alimentos, transporte y servicios, perdiendo rápidamente el poder adquisitivo que se buscaba proteger.
A esto se suma un componente político inevitable. En un contexto preelectoral, las decisiones económicas de alto impacto despiertan sospechas. ¿Es esta una política sostenible o una apuesta populista con beneficios inmediatos y costos diferidos? Gobernar implica pensar más allá del aplauso coyuntural y asumir la responsabilidad de las consecuencias futuras.
El debate no debería ser salario sí o salario no. Colombia necesita salarios dignos, pero también una economía estable, empleo formal y reglas claras para quienes generan trabajo. El aumento salarial solo será una verdadera política de bienestar si viene acompañado de mayor productividad, apoyo a las empresas y control efectivo de la inflación.
De lo contrario, la felicidad de hoy puede convertirse en la miseria de mañana. Y en economía, las decisiones mal calculadas siempre terminan cobrándose su precio.
Por: Isabel Sánchez Quiroz.
