A finales de 2013 el gobierno colombiano solicitó el ingreso a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), un “club de 34 países ricos” dispuestos a enfrentar juntos desafíos como el cambio climático y la pobreza; dicen además, luchar por el bienestar y la democracia. Nada de eso coincide con sus prácticas, contrarias a estos enunciados.
La aceptación de Colombia en tan “selecto club” depende de su capacidad de sometimiento a las directrices de dicha organización y hasta ahora parece que el camino está despejado, pues la OCDE viene direccionando la economía y opinando sobre los más íntimos asuntos del país. De hecho, el tan cuestionado Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se estructuró atendiendo sus instrucciones; también la aplazada reforma tributaria fue sugerida por esta Organización, argumentando que “el actual sistema impositivo no recauda lo suficiente para financiar la prestación de servicios… Se necesitan más ingresos para financiar la inversión en infraestructura, educación e innovación… reducir la pobreza y las desigualdades… Por ende se recomienda ampliar la base tributaria, reducir los impuestos corporativos…”.
Propone entonces gravar a los asalariados y desgravar al gran capital, lo cual es antidemocrático, empobrecedor y espanta el bienestar. Esto a pesar de reconocer que Colombia “tiene uno de los niveles más elevados de desigualdad regional” quiere decir, de inequidad social.
