“No se los dejen quitar vivos”: la orden que selló el destino de Consuelo Araújo, según magistrada de la JEP
El Bloque Caribe de las extintas FARC-EP, las “pescas milagrosas” y los asesinatos a políticos, y ganaderos del Cesar, la verdad que reconstruyó la JEP.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado crímenes de guerra y lesa humanidad a cinco excomandantes del Bloque Caribe de las extintas FARC-EP, estructura responsable de 632 casos de 4.213 víctimas acreditadas en la historia del conflicto armado del Caribe colombiano. El caso de la exministra de Cultura Consuelo “La Cacica” Araújo, secuestrada y asesinada en 2001 en un retén ilegal, se convierte en símbolo de la brutalidad, la lógica de los retenes y la responsabilidad de mando que caracterizó el accionar de este bloque en regiones como el Cesar, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.
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Esta imputación sucede solo dos días después de que la JEP, en cabeza de la magistrada Caterina Heyck Puyana, abriera un incidente de incumplimiento contra siete miembros retirados del Ejército Nacional, en el marco del Subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y zonas adyacentes del Caso 09. Esta investigación se centra en crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos durante el conflicto armado, específicamente la desaparición y homicidio de tres mamos arhuacos y la tortura de dos indígenas de la misma comunidad en 1990.
Entre los comparecientes investigados figuran un general, dos coroneles, un mayor, un capitán y dos suboficiales en retiro, quienes fueron escuchados en versión voluntaria por la JEP. Tras contrastar sus declaraciones con el expediente y las observaciones de las autoridades espirituales arhuacas y los representantes de las víctimas, la Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que existen indicios de posibles omisiones o distorsiones en sus relatos, lo que podría constituir un incumplimiento a la obligación de aportar verdad plena. De comprobarse este incumplimiento, los comparecientes podrían ser excluidos de la Jurisdicción y perder los beneficios de la justicia transicional.
¿Qué era el Bloque Caribe de las FARC?
El Bloque Caribe fue una de las estructuras regionales más grandes y temidas de las FARC-EP, con presencia en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Barranquilla. Sus frentes se concentraron especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, además de los Montes de María y La Mojana. Su accionar estuvo marcado por la instalación de al menos 49 retenes ilegales o “pescas milagrosas” en las vías del Caribe, donde ejecutaron la mayoría de sus secuestros extorsivos, conocidos como “pescas milagrosas”.
Este bloque fue responsable del 15 % de todos los secuestros cometidos por las FARC en el país, con 827 casos documentados solo en el Caribe, de un total de 4.213 víctimas acreditadas en el proceso de la JEP. “Las víctimas, en su mayoría, no tenían los recursos para pagar los rescates exigidos, lo que derivó en tratos crueles, asesinatos y desapariciones forzadas”, explicó la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, el 7 de mayo en la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez.
El sector ganadero del Cesar fue especialmente perseguido y estigmatizado, acusado de ser “aliado del paramilitarismo” cuando se negaba a pagar extorsiones. La JEP menciona el encizañamiento del grupo criminal con la familia de ganaderos Lacouture, quienes sufrieron 15 secuestros y el asesinato de Fabio Lacouture Acosta, además de hoy continuar pagando créditos bancarios “que su familia utilizó para pagar los rescates”, relata el comunicado 60 de la JEP.
El retén de Patillal y el secuestro de “La Cacica”
Uno de los episodios más trágicos fue el secuestro y asesinato de Consuelo Araújo. “El retén donde fue capturada no estaba dirigido específicamente a ella: la orden era interceptar a políticos, pues se creía que el gobernador asistiría a una fiesta en Patillal. En ese punto, los guerrilleros detuvieron a varios vehículos y, al darse cuenta de la presencia de “La Cacica”, decidieron llevársela, cumpliendo la directriz general de retener a figuras políticas para forzar intercambios por guerrilleros presos”, relató Lemaitre, sobre las investigación previas que se realizaron antes de llegar a la imputación.
Este modus operandi no era casual ni improvisado: respondía a una política de mando del Secretariado de las FARC y de los líderes regionales del Bloque Caribe, quienes ordenaban a sus frentes capturar a políticos o figuras públicas en los retenes. Así ocurrió también con el exministro Fernando Araújo Perdomo.
La responsabilidad de los superiores en estos hechos es clara: no se trataba de decisiones individuales de los guerrilleros en el terreno, sino de una política generalizada, planificada y ejecutada bajo órdenes de mando. “Cuando el Ejército inició la persecución tras el secuestro de Araújo, la orden cambió: “no se los dejen quitar vivos”. Así, cuando los guerrilleros sintieron que el rescate estaba cerca, ejecutaron a “La Cacica”, cumpliendo la orden superior y no por iniciativa propia”, concluyó la magistrada.
Responsabilidad de mando y sanción restaurativa
La JEP ha determinado que los máximos responsables del Bloque Caribe -Abelardo Caicedo (“Solís Almeida”), Osmany Landero (“Hernando González”), Gilberto de Jesús Giraldo (“Aldemar Altamiranda”), Luis Cuadras (“Leonardo Guerra”) y Uriel Oviedo (“Manuel Ortiz”)– ejercieron liderazgo y mando sobre las decisiones de sus frentes y fueron determinantes en la implementación de la política de secuestros y asesinatos. Su responsabilidad no solo radica en haber dado las órdenes, sino también en no controlar a sus subalternos cuando incurrieron en tratos crueles o asesinatos de cautivos.
Actualmente, muchos de estos excomandantes residen en espacios de reincorporación en el departamento. “Si aceptan los cargos, deberán enfrentar una audiencia pública con las víctimas y, posteriormente, el Tribunal de Paz les impondrá sanciones restaurativas (no carcelarias pero con restricción de libertad), que pueden incluir trabajos comunitarios, construcción de obras públicas y otras medidas que busquen reparar colectivamente el daño causado”, añadió la magistrada.
Un proceso de verdad, memoria y justicia
La JEP ha construido este caso a partir de informes de la Fiscalía, testimonios de víctimas, versiones de excombatientes y aportes de la sociedad civil. El proceso es dialógico: las víctimas pueden confrontar a los responsables y proponer medidas de reparación colectiva. La verdad judicial que emerge de este proceso no solo esclarece la responsabilidad individual y de mando, sino que también reconstruye la memoria histórica de territorios como el Cesar, la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá.
La imputación de estos crímenes y el reconocimiento de la lógica de los retenes ilegales y las órdenes de mando representan un paso fundamental para la reparación y la reconciliación en el Caribe colombiano. En la medida que se comprenda lo que sucedió en el caso de “La Cacica”, la JEP pretende que se llegue a una sensación de justicia de toda una región para continuar a la reparación y no repetición de estos hechos.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN