La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió la situación jurídica de 11 miembros de la fuerza pública que participaron en el asesinato de una niña wiwa de 13 años, Nohemí Esther Pacheco Zábata, y un joven kankuamo de 23 años, Hermes Enrique Carrillo Arias. Ambos fueron presentados como falsas bajas en combate en Cesar en 2005.

En el marco del proceso, los comparecientes participaron en actividades restaurativas durante una audiencia interjurisdiccional en julio de 2024, lo que ayudó a dignificar la memoria de las víctimas. Esta audiencia, realizada en el territorio kankuamo donde tuvieron lugar los eventos, contó con la participación de la JEP y las autoridades indígenas de los pueblos wiwa y kankuamo. Allí, los comparecientes expresaron arrepentimiento y pidieron perdón a las víctimas, además de recorrer los lugares por donde Nohemí y Hermes pasaron en la madrugada de su asesinato.

Estos militares, que integraron el Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ en Valledupar, no fueron considerados máximos responsables del crimen. La JEP les concedió la renuncia a la persecución penal, lo que implica la extinción de su responsabilidad y sanción penal, así como la eliminación de sus antecedentes judiciales. Esta decisión se basa en el cumplimiento de requisitos como aportar verdad plena, reconocer responsabilidad y contribuir a la reparación del daño causado.

La resolución forma parte de la Ruta No Sancionatoria de la JEP, que busca garantizar que no haya impunidad mientras permite a los no máximos responsables rehacer su vida en sociedad. Además, complementa el trabajo de la Sala de Reconocimiento de Verdad, que previamente imputó a máximos responsables por asesinatos y desapariciones forzadas en la región.

Por: Redacción EL PILÓN