JEP imputa crímenes de guerra a militares por falsos positivos en Cesar y La Guajira
El magistrado del macrocaso 03, Oscar Parra Vera, explicó a EL PILÓN lo que implica esta imputación para el Cesar y La Guajira.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 miembros retirados del Ejército Nacional, incluyendo a tres mayores generales y dos brigadieres generales, por su presunta responsabilidad en 604 casos de “falsos positivos” en la Costa Caribe entre 2002 y 2008. De los cuales 511 fueron en el Cesar y La Guajira.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, tras examinar una muestra representativa de bajas reportadas por 19 unidades militares en la región, determinó que el 76 % de las 796 muertes reportadas como resultados operacionales fueron ilegales. Además, se documentaron otros 13 asesinatos presentados falsamente como bajas en combate (homicidio a persona protegida) fuera del periodo priorizado.
Entre los imputados se encuentran los mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quienes comandaron la Décima Brigada Blindada, el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Coronel Juan José Rondón y el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, respectivamente. También fueron señalados los brigadieres generales (r) Fabricio Cabrera Ortiz y Adolfo León Hernández Martínez, comandantes de la Décima Brigada Blindada y del Batallón La Popa.
La JEP los considera máximos responsables por propagar el fenómeno de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Junto a ellos, fueron imputados siete coroneles, incluido William Hernán Peña Forero, y otros 16 oficiales y suboficiales.
Organizaciones criminales en batallones y GAULA
En una entrevista reciente con EL PILÓN, el magistrado Oscar Parra Vera profundizó sobre la situación en el Cesar y La Guajira, detallando cómo operaban las estructuras criminales dentro de las fuerzas militares: “La macroestructura criminal identificada por la JEP se consolidó entre 2006 y 2007, un período en el que se evidenciaron dos fenómenos simultáneos”.
El magistrado Parra Vera explicó que la presión por resultados y la exigencia de bajas en combate como muestra de éxito militar generaron un ambiente propicio para estas prácticas. “Los comandantes de brigada, reproduciendo la exigencia del comando superior, demandaban de las unidades tácticas la obtención de bajas en combate como la mejor muestra de éxito militar”, añadió.
La investigación de la JEP ha revelado que esta macroorganización se originó en el Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP) en 2002, y se dispersó gradualmente hacia otras unidades tácticas de la región. Se formaron nodos o subestructuras criminales con características diversas, infiltrándose en las unidades investigadas. Con el tiempo, estas subestructuras se articularon e interactuaron, facilitando la creación de conexiones y aumentando la complejidad de la organización criminal.
Incentivos y recompensas por resultados
La JEP ha identificado un “complejo sistema de presiones e incentivos” para la presentación de resultados operacionales, consistentes en bajas en combate. Se evidenciaron “exigencias y sanciones para quienes no presentaran muertes en supuestos combates”, así como “incentivos y recompensas para quienes se destacaran en el reporte de este tipo de resultado”.
El magistrado Parra Vera señaló que desde el Ministerio de Defensa y el Comando de las Fuerzas Militares se tomaron medidas que, aunque buscaban mayor transparencia, coexistieron con este sistema de incentivos perverso. “Lo que evidenciamos es que hay un batallón inicial, que es La Popa, que empieza con estas alianzas con los paramilitares, empieza a presentar bajas y se vuelve muy exitoso, pues en la lógica de lo que era exitoso en ese momento: presentar bajas. Pero después como los ambientes militares decían: “¿Por qué las otras unidades no pueden presentar resultados como La Popa? ¿Por qué el grupo Juan José Rondón que tiene él es un grupo también similar en integrantes, ¿por qué no puede presentar bajas como La Popa?”, aseguró el magistrado.
A raíz de esas exigencias empezó la promoción de competencias entre unidades a ver quién siempre presentaba más bajas. “Y entonces empiezan a usar los incentivos, entonces permisos. Aquí vemos historias terribles de soldados, suboficiales y oficiales luchando por permisos. Porque por diversos motivos, el que no daba bajas no salía permiso. Entonces es todo ese sistema complejo de presiones. Presenta resultados a como dé lugar. Las bajas no son lo más importante, son lo único”, se les decía en los programas”, contó Parra Vera sobre los 7 años de investigaciones y versiones que rindieron los ex militares con incidencia en la región.
Falsos positivos en el Cesar y La Guajira
La Sala estableció que entre 2002 y 2008 integrantes del Ejército Nacional presentaron, de manera ilegal, como bajas en combate a 178 personas en La Guajira y 198 en el Cesar, en 29 municipios en estos dos territorios. Es decir, en estos dos departamentos fueron victimizadas 376 personas, 13 de las cuales eran niños y niñas menores de 18 años.
A estas cifras hay que sumar las determinaciones alcanzadas por la Sala de Reconocimiento mediante el Auto 128 de 2021 y en la Resolución de Conclusiones No. 03 de 2022, donde se estableció que una organización criminal se enquistó en el Batallón La Popa y fue responsable del asesinato y desaparición forzada de 135 personas entre enero de 2002 y julio de 2005.
“Es decir, entre enero de 2002 a 2008, 511 personas fueron asesinadas en los departamentos de Cesar y La Guajira, y reportadas como bajas en combate por agentes del Ejército”, afirmó el magistrado Parra.
La decisión también reconoce los profundos impactos sociales, económicos y emocionales en las comunidades, incluyendo afectaciones específicas a pueblos indígenas como los kankuamos, wiwas y wayuus. “Así, todas las 31 víctimas indígenas determinadas por la Sala en el auto, fueron ejecutadas en el departamento de La Guajira”, aclaró Parra.
En Cesar, el núcleo del accionar criminal se centró en unidades como el Batallón de Artillería No. 2 “La Popa” (Bapop), el Batallón Energético y Vial No. 2 (BAEEV 2) y el GAULA Militar Cesar, todos bajo el mando de la Décima Brigada Blindada, con sede en Valledupar.
En La Guajira, también se identificó una práctica sistemática de asesinatos ilegítimos, principalmente en su zona sur, por parte de unidades como el Grupo de Caballería Mecanizado Juan José Rondón (GMRON), la Fuerza de Reacción Divisionaria No. 1 (FURED) y el GAULA Guajira, aunque igualmente, pero con menor intensidad, por unidades como el Batallón de Artillería No 10 “Santa Bárbara” (BASAB) y el Batallón de Contraguerrilla No. 2 “Los Guajiros”.
La JEP encontró que los crímenes en este departamento obedecieron a las mismas lógicas de incentivo por resultados y presión por bajas, insertas en una estructura criminal con mando compartido.
Por: Katlin Navarro Luna / EL PILÓN