Por: Raúl Bermúdez Márquez En los comienzos del año 2008 se supo que Andrew Jones un ex alumno de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) ofrecía dinero a los estudiantes de ese centro por cintas o notas de clase de los profesores que enseñasen “ideologías” en lugar de la materia del curso. Luego […]
Por: Raúl Bermúdez Márquez
En los comienzos del año 2008 se supo que Andrew Jones un ex alumno de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) ofrecía dinero a los estudiantes de ese centro por cintas o notas de clase de los profesores que enseñasen “ideologías” en lugar de la materia del curso. Luego se estableció que Andrew como presidente de una asociación de ex alumnos de UCLA, no estaba solo, pues el ex representante republicano James Rogan renunció a su función en el grupo alegando que no tenía nada que ver con esa maniobra antidemocrática. Tampoco constituía un caso aislado del contexto nacional: se encuadraba en la política del ex – presidente George W. Bush que escudándose en el 11 de septiembre, se arrogaba el poder de saltarse la Constitución y todas las leyes para saber lo que el ciudadano piensa, habla y escribe con el objeto de defenderlo de ataques terroristas, según decía el estribillo administrativo. Bush hablaba y actuaba como si creyera que la Constitución no valía en tiempos de guerra.
Algo parecido, quizá incluso más grotesco, sucedió a mediados del siglo pasado cuando el senador republicano Joe MacCarthy y otros congresistas se empeñaron en encontrar comunistas hasta debajo de las piedras de la industria cinematográfica de Hollywood. El macartismo tuvo su época de oro en los Estados Unidos, pero no ha sido de exclusividad de la gran potencia. Para no ir muy lejos, aquí en Colombia al candidato liberal Rafael Pardo, le ha tocado exigir públicamente que se investigue y detenga a quienes a través de la red social Facebook lo ubican como el candidato de las Farc. De la misma manera, Gustavo Petro, a pesar de que en miles de ocasiones ha trazado una raya divisoria infranqueable con la lucha armada, no se ha podido desprender del karma de su efímera militancia en el M-19 y es macartizado por sus adversarios políticos de manera mal intencionada y recurrente como un “guerrillero vestido de civil”.
A Piedad Córdoba, el emblema viviente y actuante de la libertad de los secuestrados y de la paz negociada y duradera, el Procurador General la tiene entre las cuerdas acusándola de supuestos vínculos con las Farc y hasta de “traición a la patria”. A esta valerosa senadora, le está vedado viajar en aviones comerciales so riesgo de ser agredida verbal y físicamente por cualquier fanático energúmeno. El mismo procurador, no hace mucho, abrió investigación casi en el mismo sentido contra el senador Jorge Enrique Robledo. El macartismo, como una pandemia aparece donde menos se piensa. El miércoles pasado, sorprendió la denuncia de unos estudiantes de derecho de la Universidad Popular del Cesar realizada a través de un medio radial local, sosteniendo que un profesor del mismo programa les había dicho de frente que eran portadores de ideologías extrañas que llevan a los estudiantes a delinquir y a subvertir el orden establecido y que por eso el actual rector de la UPC le había pedido a organismos de inteligencia que les hiciera el seguimiento respectivo.
Lo más sorprendente y preocupante del caso es que consultado el rector Raúl Maya por la misma cadena radial sobre el tema ratificó que, efectivamente, había dado las directrices de seguimiento a los estudiantes denunciantes porque él sabía que eran objeto del mismo procedimiento en las universidades de donde venían trasladados. Lo curioso del caso es que todos comenzaron su carrera en la UPC y “aspiran a terminarla allí, si el rector no se opone”, según sus propias palabras.
Prefiero creer que fue una lamentable salida en falso del recién nombrado rector, porque si ese acto, al igual que el intento ilegal y agazapado de convertir a los profesores de carrera del claustro en funcionarios de libre nombramiento y remoción forman parte de una orquestada campaña para arrasar con cualquier vestigio de libertad de opinión y de pensamiento en la UPC, entonces oscuros nubarrones se ciernen sobre el horizonte del alma máter universitaria del Cesar. Y en consecuencia, habría que alertar a la comunidad académica upecista y a la opinión pública para que el macartismo de nuevo cuño, no tenga oportunidad alguna en la UPC.
Por: Raúl Bermúdez Márquez En los comienzos del año 2008 se supo que Andrew Jones un ex alumno de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) ofrecía dinero a los estudiantes de ese centro por cintas o notas de clase de los profesores que enseñasen “ideologías” en lugar de la materia del curso. Luego […]
Por: Raúl Bermúdez Márquez
En los comienzos del año 2008 se supo que Andrew Jones un ex alumno de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) ofrecía dinero a los estudiantes de ese centro por cintas o notas de clase de los profesores que enseñasen “ideologías” en lugar de la materia del curso. Luego se estableció que Andrew como presidente de una asociación de ex alumnos de UCLA, no estaba solo, pues el ex representante republicano James Rogan renunció a su función en el grupo alegando que no tenía nada que ver con esa maniobra antidemocrática. Tampoco constituía un caso aislado del contexto nacional: se encuadraba en la política del ex – presidente George W. Bush que escudándose en el 11 de septiembre, se arrogaba el poder de saltarse la Constitución y todas las leyes para saber lo que el ciudadano piensa, habla y escribe con el objeto de defenderlo de ataques terroristas, según decía el estribillo administrativo. Bush hablaba y actuaba como si creyera que la Constitución no valía en tiempos de guerra.
Algo parecido, quizá incluso más grotesco, sucedió a mediados del siglo pasado cuando el senador republicano Joe MacCarthy y otros congresistas se empeñaron en encontrar comunistas hasta debajo de las piedras de la industria cinematográfica de Hollywood. El macartismo tuvo su época de oro en los Estados Unidos, pero no ha sido de exclusividad de la gran potencia. Para no ir muy lejos, aquí en Colombia al candidato liberal Rafael Pardo, le ha tocado exigir públicamente que se investigue y detenga a quienes a través de la red social Facebook lo ubican como el candidato de las Farc. De la misma manera, Gustavo Petro, a pesar de que en miles de ocasiones ha trazado una raya divisoria infranqueable con la lucha armada, no se ha podido desprender del karma de su efímera militancia en el M-19 y es macartizado por sus adversarios políticos de manera mal intencionada y recurrente como un “guerrillero vestido de civil”.
A Piedad Córdoba, el emblema viviente y actuante de la libertad de los secuestrados y de la paz negociada y duradera, el Procurador General la tiene entre las cuerdas acusándola de supuestos vínculos con las Farc y hasta de “traición a la patria”. A esta valerosa senadora, le está vedado viajar en aviones comerciales so riesgo de ser agredida verbal y físicamente por cualquier fanático energúmeno. El mismo procurador, no hace mucho, abrió investigación casi en el mismo sentido contra el senador Jorge Enrique Robledo. El macartismo, como una pandemia aparece donde menos se piensa. El miércoles pasado, sorprendió la denuncia de unos estudiantes de derecho de la Universidad Popular del Cesar realizada a través de un medio radial local, sosteniendo que un profesor del mismo programa les había dicho de frente que eran portadores de ideologías extrañas que llevan a los estudiantes a delinquir y a subvertir el orden establecido y que por eso el actual rector de la UPC le había pedido a organismos de inteligencia que les hiciera el seguimiento respectivo.
Lo más sorprendente y preocupante del caso es que consultado el rector Raúl Maya por la misma cadena radial sobre el tema ratificó que, efectivamente, había dado las directrices de seguimiento a los estudiantes denunciantes porque él sabía que eran objeto del mismo procedimiento en las universidades de donde venían trasladados. Lo curioso del caso es que todos comenzaron su carrera en la UPC y “aspiran a terminarla allí, si el rector no se opone”, según sus propias palabras.
Prefiero creer que fue una lamentable salida en falso del recién nombrado rector, porque si ese acto, al igual que el intento ilegal y agazapado de convertir a los profesores de carrera del claustro en funcionarios de libre nombramiento y remoción forman parte de una orquestada campaña para arrasar con cualquier vestigio de libertad de opinión y de pensamiento en la UPC, entonces oscuros nubarrones se ciernen sobre el horizonte del alma máter universitaria del Cesar. Y en consecuencia, habría que alertar a la comunidad académica upecista y a la opinión pública para que el macartismo de nuevo cuño, no tenga oportunidad alguna en la UPC.