El Plan de Ordenamiento Territorial, POT, es la principal política  pública de cualquier entidad. Marca el camino a seguir, los objetivos. En el caso de Valledupar, la ciudad se rige bajo las normas urbanas establecidas en el POT  del 2015, cuando Fredys Socarrás era alcalde.

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Ese año se construyó el segundo POT de la ciudad, el primero data de 1999. El cambio fue estructural y se cubrieron falencias que traía el documento anterior. No obstante, el nuevo documento también dejó tareas pendientes que luego de seis años no han sido solucionadas.

UN PLAN SIN PLANES

Uno de los mayores vacíos, según expertos en el tema, es la falta del Programa de Ejecución, en el cual se imprimen las obras prioritarias que se construirán en la ciudad, siguiendo una visión a largo plazo. No solo es un vacío, también es un incumplimiento legal.

El Decreto 1232 de 2020 establece que los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, tendrán un Programa de Ejecución, dentro del cual se definen los programas y proyectos de infraestructura de transporte y servicios públicos domiciliarios que se ejecutarán, se localizarán los terrenos necesarios para atender la demanda de vivienda de interés social en el municipio,  y se determinarán los inmuebles y terrenos cuyo desarrollo o construcción se consideren prioritarios.

El problema es que Valledupar no cuenta con un Programa de Ejecución. Por eso, según publicó en su columna el excurador de Valledupar, Augusto Orozco, “la ocurrencia de casos como estos (la Casa en el aire), donde se improvisan las obras para llenar otras expectativas, no significa sino un aprovechamiento indebido por la falta de priorización de las edificaciones en el plan de ejecución del POT, que es el único instrumento en donde se programa lo que la comunidad necesita urgentemente, para que los alcaldes   por medio del plan de desarrollo las ejecuten, pero que, al no haber obras en el POT, el ejecutivo hace lo que quiere de acuerdo a su ávido olfato y se inventan este tipo de obras como si no hubieran necesidades más apremiantes para atender”.

“Al no tener el POT el Programa de Ejecución, los alcaldes no saben cuáles son los programas y proyectos estratégicos que deben atender durante su período, por lo que terminan surgiendo renovaciones de la Plaza Alfonso López o construcción de casas en el aire o la construcción de obras innecesarias que no apuntan al modelo de largo plazo”, cuestionó otro profesional del tema.

Sin contar que en muchos casos se afecta la transparencia, pues, la falta de discusión de las obras, y la construcción de estas sin estar en un plan analizado previamente, evitan el control ciudadano.

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Otro de los puntos frágiles del POT de la ciudad es la ausencia de un Plan Vial que determine las vías que se deben construir para solucionar los problemas de tránsito y tráfico de la ciudad.

“No es una recomendación, es una obligación legal modificar el POT. La Ley 388 de 1997  y el Decreto 1077 del 2015 hablan de que cuando se vencen los objetivos de corto plazo debe realizarse una modificación, una actualización y en Valledupar pasó en 2019. Tenemos dos años de retraso”, manifestó otro funcionario conocedor del tema.

OTRAS URGENCIAS

¿Pero qué son los planes de ordenamiento territorial? El POT se define como el “conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”.

Por eso, agregaron los profesionales consultados, es preocupante que no se hayan señalado los terrenos destinados a desarrollo y construcción prioritaria. Esta denominación en el POT, explican, señalaría las áreas a las que se les iniciaría el proceso de enajenación forzosa en pública subasta, por incumplimiento de la función social de la propiedad.

Esto se daría en tres casos:  primero, sobre los terrenos localizados en suelo de expansión, de propiedad pública o privada, declarados como de desarrollo prioritario, que no se urbanicen dentro de los tres años siguientes a su declaratoria; segundo, los terrenos urbanizables no urbanizados localizados en suelo urbano, de propiedad pública o privada, declarados como de desarrollo prioritario, que no se urbanicen dentro de los dos años siguientes a su declaratoria; y tercero, los terrenos o inmuebles urbanizados sin construir, localizados en suelo urbano, de propiedad pública o privada, declarados como de construcción prioritaria, que no se construyan dentro del año siguiente a su declaratoria. Sin duda, pierde el municipio la oportunidad de fortalecer la lista de sus bienes para atender problemas de ciudad, como el déficit de vivienda.

DISCUSIONES

Semanas atrás, el POT fue protagonista, pero esta vez porque permite la construcción urbanística en la falda del cerro de Hurtado. La oposición social impidió que la obra continuara, sin embargo, que el POT lo permita marca que en algún momento la obra podría materializarse.

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Por eso, Corpocesar se unió  a la discusión y recomendó a la Alcaldía de Valledupar modificar el POT para no permitir la construcción de casas en la falda del cerro, las cuales podrían afectar su sostenibilidad.

En ese sentido, expertos consultados por EL PILÓN señalan que es necesario que las nuevas discusiones se publiciten para que participe la ciudadanía: “Cuando se discute el POT, ¿dónde lo hacen?  No sé si lo hacen a puerta cerrada que nadie se entera de lo que pasa en la ciudad. Importante estar presente en las discusiones y no dejar solo a los técnicos, porque ellos también se equivocan”.

“Construyeron la Casa en el aire en una zona contigua al cerro de Hurtado. ¿Qué ocurrirá a futuro cuando se desarrollen los predios que están frente al pedazo de acordeón o frente al colegio la Sagrada Familia? ¿Qué ocurrirá cuando se construya una torre de 40 pisos y le quite la visual al cerro?  Eso lo permite el POT, entonces se necesita una revisión”, agregaron.

En ese sentido, también se recomendó proteger las acequias, en  riesgo por la incultura ciudadana: las basuras y el concreto son las principales amenazas de los cordones verdes que cruzan la ciudad. Por eso, recomendaron los urbanistas formalizar la protección en el POT para instalar mojones en sus alrededor e impedir la intervención de particulares.

En  el 2019, cuando se cumplió el primer plazo de cuatro años para realizar una revisión al POT de Valledupar, no se dio el debate más allá de unas pocas personas que alzaron la voz pero que no encontraron respuesta; en el 2020, el coronavirus concentró la agenda; sin embargo, en el 2021, el alcalde Mello Castro tiene la responsabilidad de posibilitar los escenarios (el Concejo Municipal) para modificar aquello que vaya en contravía del  desarrollo de la ciudad.

Por Deivis Caro
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